El expresidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, fue obligado este viernes a colocarse una tobillera electrónica, por orden de la Corte Suprema de Brasil, como parte de las medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

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La decisión del ministro Alexandre de Moraes también prohíbe al exmandatario utilizar redes sociales, acercarse a embajadas o diplomáticos y mantener contacto con otros investigados, incluido su hijo Eduardo Bolsonaro, actualmente en Estados Unidos.

Durante la operación de este viernes 18 de julio, la Policía Federal confiscó alrededor de 14.000 dólares en efectivo y otros 8.000 en especie en poder del exmandatario, dentro de su residencia en Brasilia.

El procedimiento fue autorizado por el propio Moraes con el respaldo de la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de una ofensiva que también incluyó allanamientos a la sede nacional del Partido Liberal (PL), la organización política que respalda a Bolsonaro.

Según fuentes de la Policía Federal, la operación cumplió dos órdenes de arresto y varias medidas cautelares, como parte de un paquete legal que busca prevenir nuevos intentos de obstrucción a la justicia. La sospecha central contra Bolsonaro incluye delitos de coerción en el curso del proceso, obstrucción de la justicia y ataque a la soberanía nacional, además de un riesgo latente de fuga, evaluado por los investigadores.

Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Administración Penitenciaria de la Policía Federal, donde se le colocó la tobillera electrónica y fue notificado formalmente de las nuevas restricciones impuestas en su contra. No podrá emitir mensajes públicos ni mantener vínculos con diplomáticos o estructuras del Estado extranjero.

El cerco judicial se estrecha cuando la investigación sobre el intento de golpe entra en su fase final. El pasado lunes 14 de julio, el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, presentó los alegatos finales, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, formación de organización criminal armada y daño a la propiedad federal. La pena podría superar los 40 años de prisión.

De acuerdo con la Procuraduría, Bolsonaro fue el principal artífice y beneficiario del intento de derrocamiento, al actuar para socavar la confianza en las instituciones públicas y el proceso electoral tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. El juicio, uno de los más esperados en la historia reciente de Brasil, podría comenzar entre finales de agosto y principios de septiembre.

Mientras tanto, el expresidente y su entorno intensifican una campaña por la amnistía, buscando apoyo internacional para presentar los procesos en su contra como persecución política. La estrategia ganó visibilidad tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump, quien el 9 de julio impuso un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, alegando que el Supremo Tribunal estaba restringiendo la libertad de expresión al sancionar a plataformas digitales estadounidenses.

Desde entonces, los simpatizantes de Bolsonaro y sus familiares alegan que una amnistía es la única vía para que Estados Unidos revierta la medida arancelaria, en un intento de ligar la defensa judicial del exmandatario con la política exterior. Sin embargo, ni el Supremo ni el gobierno de Lula da Silva han cedido a esas presiones.

Durante un discurso ofrecido el jueves por la noche, el presidente Lula denunció los intentos de interferencia extranjera como un «chantaje inaceptable» y acusó a los aliados de Bolsonaro de ser «traidores a la patria». “Contamos con un poder judicial independiente”, afirmó desde el Palacio de Planalto, dejando claro que el proceso judicial seguirá su curso.

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