El Congreso de Perú decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta de facto Dina Boluarte por las muertes y lesiones registradas en las protestas que siguieron al golpe parlamentario contra el exmandatario Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

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La denuncia contra Boluarte fue formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. En ella se señalaba a Boluarte y a varios exministros por no haber evitado la represión policial y militar que dejó 49 personas fallecidas y más de 250 heridas, aunque otras fuentes elevan el saldo de las masacres a más de 70. Según el fiscal, se trata de una posible omisión en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.

El procedimiento de acusación constitucional en Perú solo puede aplicarse a funcionarios con inmunidad, como la jefatura de Estado, y requiere la aprobación del Congreso para que el caso pase a la justicia ordinaria.

La Comisión Permanente del Parlamento votó por archivar el caso: 12 legisladores a favor, 10 en contra. El informe aprobado concluyó que no existen pruebas suficientes para sostener que Boluarte y los demás denunciados actuaron con intención de causar muertes o lesiones.

Entre los exfuncionarios incluidos estaban los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola; los ex ministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y el ex ministro de Defensa Jorge Chávez.

El debate en el Congreso mostró divisiones. La parlamentaria Ruth Luque, de bancada de izquierda, afirmó que el informe fue elaborado para impedir que el Ministerio Público investigue los hechos. Recordó que, aunque no se pueda probar responsabilidad penal directa, las muertes sí implican una responsabilidad política de la mandataria. Sus pedidos para devolver el caso a la Subcomisión fueron rechazados por mayoría.

La decisión provocó un fuerte rechazo en la organización de familiares de las víctimas. En un comunicado, denunciaron que el Parlamento “le dio la espalda” a la población y consideraron que el archivo de la denuncia desconoce el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos o viven con las secuelas de las heridas.

Las protestas se originaron en varias regiones, sobre todo en el sur andino, tras la destitución de Pedro Castillo, quien anunció que disolvería el Congreso y gobernaría por decreto ante los constantes obstáculos de los legisladores para impedir medidas de beneficio popular. Boluarte asumió la presidencia y, en ese contexto, las fuerzas de seguridad reprimieron las movilizaciones, con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos.

Además de exigir la excarcelación de Castillo, los manifestantes demandaron durante meses la dimisión del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente que cree una nueva Carta Magna. La actual se proclamó a inicios de los 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori, es de marcado acento neoliberal y favorece a los ricos.

Según informes fiscales, muchas víctimas fallecieron por disparos de arma de fuego reglamentarias y otras sufrieron golpes contundentes. Numerosos manifestantes resultaron heridos por balas, bombas lacrimógenas y otros objetos usados durante los operativos policiales y militares.

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