Luego de un histórico fallo de culpabilidad al exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), la jueza Sandra Heredia dará a conocer este viernes en Bogotá la sentencia que habrá de cumplir aquel por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal de los que fue acusado.

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El fallo de culpabilidad se anunció en el complejo judicial de Paloquemao. Allí también se hará pública la sentencia por la jueza Heredia alrededor de las 14H00 hora local.

La fiscal a cargo del caso, Marlene Orejuela, solicitó una pena de nueve años de prisión para el exmandatario. Debido a la gravedad de los cargos, reconocida por la jueza Heredia en la sentencia, la Fiscalía también pidió que se inhabilite a Uribe para ejercer cargos públicos por espacio de nueve años y pagar una multa cuantiosa. Fundamentó que las penas solicitadas se ajustaran a lo contemplado en las leyes, que establecen sanciones entre seis y 12 años de cárcel.

De acuerdo con el corresponsal de teleSUR en Colombia, Hernán Tobar, Uribe no iría a prisión. Con anterioridad, la jueza Heredia anunció que «el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la pena de prisión».

El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe intentó enlodar al senador Iván Cepeda, al que acusó de haber prometido beneficios a testigos para que señalaran al exmandatario y su familia de estar vinculados a paramilitares. La Corte Suprema de Justicia archivó aquella denuncia y determinó que Uribe había levantado falso testimonio contra Cepeda.

Durante los últimos día, el presidente Gustavo Petro y luego la Corte Suprema exigieron a EE.UU. respetar el fallo judicial contra Uribe y no cometer injerencia en los asuntos internos de Colombia.

Fallo histórico

El fallo de culpabilidad contra Uribe es histórico. Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta una condena penal, a lo cual se suma que durante su gestión hubo recurrentes cuestionamientos por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, además de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia documenta 6.402 «falsos positivos», campesinos o indígenas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército Nacional. A menudo eran trasladados bajo engaño o coacción a zonas de conflicto armado, los asesinaban, les «sembraban» armas a la escena y luego los presentaban como presuntos guerrilleros que murieron en combate.

La mayoría de estas más de 6.400 víctimas se ubican durante el periodo en que Uribe fue presidente y una cuarta parte de los asesinatos ocurrió en el departamento de Antioquia, del cual fue gobernador.

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Las investigaciones de la JEP revelaron que dentro de las FF.AA. se aplicó una política de incentivos -con ascensos, vacaciones y otros premios- para efectivos y oficiales que presentaran la mayor cantidad de «bajas en combate». Esta postura devino política institucional, ampliamente conocida e impulsada por altos mandos.

Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Ever Veloza declararon bajo juramento sobre corredores, pactos locales, protección territorial y coordinación con autoridades para consolidar el control paramilitar en regiones como Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe. Incluso, mencionaron directamente a Uribe en el contexto de relaciones político-territoriales para mantener el dominio armado de zonas y estimular las economías ilícitas del narcotráfico.

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