El brutal asesinato que llevó a Floyd a pronunciar las últimas palabras «No puedo respirar» se convirtió en un grito de guerra, detonando una ola de protestas masivas a nivel nacional e internacional, las cuales exigían el fin del racismo y reformas en los órganos policiales.

George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años en situación de pobreza, fue arrestado por un incidente menor relacionado con un supuesto billete falso. Mientras estaba inmovilizado en el suelo, el oficial Derek Chauvin le presionó el cuello con su rodilla, una escena grabada por transeúntes que se viralizó en redes sociales.

Floyd, quien falleció bajo custodia policial a causa del maltrato policial, se transformó en un poderoso símbolo contra el racismo. Chauvin fue condenado a 22 años de prisión por asesinato y 21 años por violar los derechos civiles de Floyd, mientras sus compañeros también recibieron sentencias menores.

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Las protestas levantadas por el asesinato de Floyd se extendieron por todo EE.UU. y más de 60 países, convirtiéndose en las más grandes en la historia reciente del país, a pesar de las medidas de la pandemia de COVID-19.

Aunque algunas ciudades implementaron toques de queda y la Guardia Nacional fue movilizada por orden del entonces presidente Donald Trump, las medidas contra los abusos policiales no fueron significativas en ese momento. Black Lives Matter, un movimiento nacido en 2013 tras la absolución del vigilante que mató al adolescente Trayvon Martin, experimentó un crecimiento exponencial tras el caso Floyd, impulsando un diálogo nacional sobre el racismo.

Sin embargo, cinco años después, los cambios trascendentales esperados no se han materializado. Las muertes bajo custodia policial continúan ocurriendo de manera desproporcionada entre los afroamericanos, quienes tienen 2.8 veces más probabilidades que las personas blancas de morir en estas circunstancias.

De igual forma, los movimientos antirracistas y el diálogo nacional en torno a las políticas discriminatorias han disminuido, y los ideales supremacistas del gabinete de Trump se expresan en todos los sectores del país, incluidos el educativo y el sector editorial, con la prohibición de circulación de libros que promueven investigaciones e ideales relacionados con la diversidad racial.

Datos de algunos diarios estadounidenses revelan que el porcentaje de muertes violentas a manos de la policía por cada 100.000 personas han sido significativamente más altas para nativos americanos (6.8 por ciento) y afroamericanos (6.7 por ciento) en comparación con hispanos (2.9 por ciento) y blancos (2.5 por ciento), según datos del 2015.

Aunque en 2021 se observaron algunas reformas locales, como la reducción de presupuestos policiales, la prohibición de llaves de estrangulamiento y la implementación de cámaras corporales, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca parece haber debilitado el impulso del movimiento antirracista.

En el segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha denegado demandas contra varios departamentos de policía iniciadas durante la presidencia de Joe Biden y ha abandonado acuerdos destinados a garantizar la rendición de cuentas.

Organizaciones de derechos civiles han calificado la decisión del Departamento de Justicia como una «peligrosa traición a los derechos civiles», argumentando que «está dando la espalda a la rendición de cuentas, y señalan que ya los departamentos de policía no serán responsables por mala conducta, incluso cuando existan pruebas claras de abuso.

Esta situación genera una preocupación palpable sobre el futuro de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, que han disminuido en medio de la cruzada de la Administración contra los inmigrantes en el país, y el abandono de las políticas de diversidad, inclusión y equidad que promueven el magnate Trump y otras funcionarios de su gabinete.

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