La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó una demanda colectiva que exige una compensación de 200 millones de pesos por demandas de pacientes diagnosticados con cáncer, tras una prolongada exposición al herbicida Roundup, comercializado por Bayer/Monsanto.

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El centro de la controversia es el glifosato, componente principal del herbicida Roundup, que ha sido clasificado en un informe por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2015 como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» (Grupo 2A).

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que llevó a cabo esta clasificación, basó su conclusión en «evidencia limitada» de cáncer en humanos y «evidencia suficiente» en animales de experimentación, además de fuerte evidencia de genotoxicidad tanto para el glifosato puro como para sus formulaciones.

Asimismo, los estudios epidemiológicos revisados por la IARC mostraron aumentos en las tasas de cáncer en entornos ocupacionales expuestos a herbicidas con glifosato, particularmente el linfoma no Hodgkin.

Pese a estos antecedentes y aunque la importación del herbicida está prohibida en Chile, el stock existente del producto pudo seguir a la venta, exponiendo a más personas a un riesgo conocido.

Testimonios de personas afectadas en Chile revelan la crudeza de la situación: Luis, un extrabajador agrícola de la Región del Maule, relató: “Yo usé ese producto durante años… Hoy tengo cáncer y ya no puedo trabajar. No es justo”.

María, esposa de otro afectado, compartió que su esposo fue diagnosticado hace un año, tras trabajar sin protección en campos donde se rociaba Roundup.

La demanda colectiva de Odecu fue declarada admisible hace tres años por el 22° Juzgado Civil de Santiago, pero su avance es lento; lo que contrasta con la realidad en otros países: en Estados Unidos, Bayer ya ha compensado a 127 mil afectados con cerca de 11 mil millones de dólares, recibiendo cada víctima en promedio alrededor de 100 mil dólares como indemnización.

Ante este escenario, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado, calificó la situación como una «deuda ética con los ciudadanos» e instó al Estado a no «mirar hacia otro lado».

Asimismo, Stefan Larenas, presidente de Odecu, enfatizó que «Bayer ya reconoció su responsabilidad en el mundo. Chile no puede ser el último en reaccionar«.

Odecu no solo exige la reparación urgente de las víctimas, sino que también demanda una reforma profunda en la forma en que Chile regula las sustancias químicas peligrosas.

Entre sus principales solicitudes figuran la aceleración de la tramitación de la demanda colectiva, el reconocimiento oficial de los afectados por glifosato como víctimas de daño sanitario, y el fortalecimiento de la regulación de químicos bajo criterios preventivos y éticos.

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