El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, viajó este martes a la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) la persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta argentina (2007-2015).

LEA TAMBIÉN:

Argentina: Corte Suprema confirma condena y proscribe a Cristina Kirchner

“La lucha será global”, anunció Dalbón al confirmar que se activarán los principales mecanismos de revisión internacional disponibles. Entre ellos, mencionó a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «y cada foro jurídico multilateral donde aún se defienda el Estado de Derecho», dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En paralelo, el Partido Justicialista (PJ) desplegó una ofensiva diplomática desde su Secretaría de Relaciones Internacionales, estableciendo contactos con referentes del progresismo regional y global. Inspirados en la experiencia brasileña con Lula da Silva, la estrategia apunta a trasladar la denuncia al plano internacional y advertir sobre un posible deterioro institucional por la exclusión de Fernández de Kirchner del proceso electoral.

Este martes la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de seis años de cárcel contra la exmandataria y la proscripción de por vida a ejercer un cargo público por presuntos actos de corrupción.

Desde la sede del PJ en Buenos Aires, dirigentes como la senadora Juliana Di Tullio denunciaron una “proscripción inadmisible” y alertaron que Argentina vive una situación comparable con otros países de la región señalados como autoritarios. El lunes, con el fallo judicial aún pendiente, el peronismo se reunió para delinear una respuesta unificada, priorizando una estrategia internacional capaz de sumar el respaldo de líderes y gobiernos progresistas.

Las gestiones ya involucran a mandatarios como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, además de acercamientos con figuras como Vladimir Putin y Xi Jinping. Este miércoles, el PJ retomará las reuniones estratégicas, mientras que el Instituto Patria organiza un conversatorio internacional sobre la persecución contra Fernández de Kirchner, junto al Instituto La Boétie de Francia y la diputada gala Sophia Chikirou. 

Dalbón aseguró que la condena “no tiene legitimidad jurídica ni moral” y pone en riesgo no solo la libertad de su defendida, sino “la salud misma de la democracia”.

Carlos Beraldi, otro de los abogados defensores, subrayó que al haberse agotado las vías de apelación en la justicia argentina, el sistema interamericano representa la única instancia para impugnar la condena, que incluye una pena de prisión y la inhabilitación perpetua. Afirmó que “la sanción internacional será inevitable” si se comprueba la arbitrariedad del proceso. 

El Grupo de Puebla fue uno de los primeros en manifestar su respaldo a la exmandataria: “La justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política”, expresaron en redes sociales. Voceros del colectivo confirmaron que acompañarán a Fernández de Kirchner ante la CIDH, de ser necesario.

EN ESTA NOTA: