La movilización ciudadana contra la posible liberación del exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se hizo sentir frente al juzgado donde se llevó a cabo la audiencia judicial. Manifestantes expresaron su rechazo a cualquier intento de otorgarle detención domiciliaria, recordando el papel de Camacho en el golpe de Estado de 2019.

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Después de horas de deliberación, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó la solicitud de modificación de la detención preventiva del exgobernador (2021-2024), lo que generó alivio entre quienes exigen justicia para las víctimas del Golpe. «No vamos a permitir que liberen a Camacho», expresaron los manifestantes, argumentando que todavía quedan muchos implicados en el golpe que no han sido juzgados.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó la víspera que, por falta de prueba idónea, el tribunal negó este viernes el cese de la detención preventiva a Camacho por el caso Golpe de Estado I y volvió a ser trasladado a la cárcel de Chonchocoro. De acuerdo con Condori, “se mantiene incólume la resolución primigenia y, por lo tanto, el señor Camacho se va a mantener privado de libertad porque así corresponde hasta lograr una solución”, explicó en declaraciones a Bolivia TV.

Desde la defensa de Camacho, se cuestionó la decisión judicial, argumentando que organismos internacionales han considerado ilegal su detención, por supuestas arbitrariedades durante la aprehensión en diciembre de 2022 en la ciudad de Santa Cruz.

Sin embargo, representantes del Gobierno han aclarado que lo emitido por un grupo de trabajo de la ONU no constituye una resolución oficial del organismo. Condori señaló que esas consideraciones no tienen efectos legales, solo son valoraciones «no de un tribunal, no de un cuasi tribunal, mucho menos de una autoridad competente» y tampoco es una «opinión que tiene la ONU o un Alto Comisionado».

La situación política sigue marcada por las heridas abiertas desde 2019, y mientras Camacho y otros opositores buscan consolidar una alianza para competir electoralmente contra el Movimiento al Socialismo, el debate sobre justicia y responsabilidad continúa vigente en el país.

Camacho y Marco Pumari son procesados por el denominado Golpe de Estado I, relacionado con los hechos de violencia que provocaron la dimisión del entonces presidente Evo Morales. De acuerdo con Camacho, su padre, José Luis Camacho, «arregló» con militares y policías para viabilizar la toma del poder.

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