A menos de tres meses de las elecciones generales en Bolivia, el expresidente Evo Morales (2006-2019) ha prometido una batalla legal y social para revertir su inhabilitación y postularse nuevamente a la presidencia.

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Desde su bastión en el Chapare, Morales declaró en Radio Kawsachun Coca que no renuncia a su aspiración presidencial y denunció una maniobra política para dejar fuera al “movimiento político más grande del país”.

Morales quedó fuera del proceso electoral al no contar con una sigla política válida, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitara a las fuerzas Frente Para la Victoria y PAN-BOL, con las cuales intentó aliarse tras perder el control del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si existe alguna sublevación será responsabilidad del Gobierno”, lanzó Morales, en una amenaza que el presidente Luis Arce no tardó en responder. Desde la Casa Grande del Pueblo, Arce acusó a “grupos con objetivos personales” de intentar “desestabilizar la democracia” y pidió a los bolivianos defender la paz social.

Las amenazas de movilización por parte de los evistas han puesto en alerta a las instituciones. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, repudió los intentos de presión y chantaje al órgano electoral, mientras que el Tribunal confirmó que Morales no fue inscrito por carecer de un partido habilitado y por no tener acceso al sistema informático del TSE, según admitió su propio equipo jurídico.

El viernes anterior, miles de seguidores marcharon hasta las oficinas del TSE para exigir la inscripción del exmandatario, pero sin un respaldo legal ni una sigla, la candidatura fue considerada inviable.

En paralelo, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que postula al senador Andrónico Rodríguez, también se enfrenta a una acción legal que podría suspender su inscripción. La denuncia fue presentada por Peter Erlwein Beckhauser, exaliado de Samuel Doria Medina, quien también denunció al MAS-IPSP por presunto uso irregular de recursos financieros.

Estas acciones han sido vistas por el presidente Arce, como parte de una estrategia para afectar la participación de las principales fuerzas políticas, lo que ha encendido las alarmas ante una posible judicialización del proceso electoral.

El TSE, por su parte, informó que analizará estas denuncias en Sala Plena antes de emitir un fallo, lo que añade incertidumbre al proceso de validación de candidaturas.

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