El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este lunes el veto a tres leyes aprobadas por el Congreso que beneficiaban a jubilados, pensionados y personas en situación de discapacidad.

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La decisión, publicada en el Boletín Oficial, anula las normativas que habían sido sancionadas con amplio respaldo legislativo el pasado 10 de julio, marcando un nuevo capítulo en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Las leyes vetadas incluían un aumento del 7,2 por ciento para todos los haberes jubilatorios y pensiones, así como la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación. También se rechazó la restitución de la moratoria previsional por dos años.

En el ámbito de la discapacidad, el veto anuló la declaración de emergencia nacional en la materia, la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y la actualización automática de los aranceles para los prestadores del sistema.

El Decreto 534/2025, firmado por Milei y sus ministros, justifica el veto argumentando que las leyes carecen de fuentes de financiamiento. Además, el Gobierno denunció «graves irregularidades» en el tratamiento legislativo y sostuvo que las normativas fueron aprobadas en un contexto de «creciente presión electoral». La decisión se alinea con la postura de Milei, quien semanas atrás había anticipado que vetaría cualquier ley que comprometiera el «superávit fiscal» y que, de ser necesario, «lo vamos a judicializar».

La defensa del veto se jugará en una sesión clave en la Cámara de Diputados este miércoles. El oficialismo, a través del bloque La Libertad Avanza, confía en tener los votos necesarios para sostener la decisión presidencial, lo que solo requiere una mayoría simple. Para que el veto sea revertido, la oposición necesitaría una mayoría de dos tercios de los legisladores, una cifra que, según estimaciones del oficialismo, no se alcanzará.

El veto a estas leyes de alto impacto social se da en un contexto de intensa actividad parlamentaria, donde también se debatirán temas sensibles como el financiamiento universitario y del sistema científico nacional. En paralelo, la Casa Rosada intensificó las negociaciones con los mandatarios provinciales, ofreciendo la distribución de parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para intentar descomprimir los conflictos por la coparticipación y la eliminación de fondos fiduciarios.

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