Argentina: Milei aprueba registro para perseguir a defensores de derechos laborales
La Asociación de Trabajadores del Estado hará una demanda judicial para frenar la implementación de esta medida, mientras se desarrolla el proceso de elección de nuevos delegados.
La medida es considerada por las organizaciones laborales como un ataque a la negociación colectiva. Foto: Página 12
23 de mayo de 2025 Hora: 10:21
Mediante la Resolución 34/25, el Gobierno de Javier Milei dispuso la creación de un registro que identificará a todos los representantes gremiales que son votados para defender derechos laborales, medida que permitirá al Estado llevar un control de los trabajadores y que las organizaciones de trabajo denuncian como un mecanismo de persecución.
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una demanda judicial para frenar la implementación de esta medida, que coincide con el proceso de elección de nuevos delegados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE, denunció que el Gobierno de Milei «busca disminuir la representación sindical con un registro ilegal para imponer políticas ministeriales sin resistencia. Es una búsqueda desesperada para que no haya tantos hombre y mujeres deteniendo la motosierra».
Por su parte, Andrés «Centauro» Rodríguez, líder de UPCN, alertó que esta resolución viola la libertad sindical y se suma a otras medidas restrictivas, como el reciente decreto que limitó el derecho a huelga.
«Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical, intentando limitar el ejercicio pleno de lo que deben ser las entidades sindicales. Esto se suma a la limitación del derecho a huelga de ayer», subrayó Rodríguez.
Los sindicatos temen que, al perder los fueros al concluir sus mandatos, los delegados registrados puedan ser despedidos sin protección.
La medida es considerada por las organizaciones laborales como un ataque a la negociación colectiva.
La abogada laboral Natalia Salvo advirtió que el registro de delegados busca identificar y hostigar a trabajadores estatales. La especialista señaló que esta práctica tiene antecedentes en 2017, cuando el Gobierno de Mauricio Macri elaboró un listado similar a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dirigido contra quienes impugnaban judicialmente una ley sobre accidentes laborales.
Salvo aseguró que «se trata claramente de una lista negra». La experta alertó que los empleados públicos quedan expuestos a represalias como pases a disponibilidad o traslados forzosos dentro de la administración.
Autor: teleSUR - idg - BCB
Fuente: El Destape
