La llegada de Kristi Noem a la Casa Rosada, flanqueada por Patricia Bullrich y Gerardo Werthein, marca un nuevo capítulo en la escalada de alineamiento entre el Gobierno de Javier Milei y la Administración de Donald Trump.

LEA TAMBIÉN:
Desaprobación al Gobierno de Milei aumenta frente a situación económica de Argentina, según encuesta

Bajo el ropaje de la inclusión en el Programa de Exención de Visados (VWP), se discuten acuerdos de seguridad cuyos términos y condicionamientos ponen en entredicho la soberanía argentina.

Mientras hoy se negocia la reapertura de un mecanismo de libre tránsito que funcionó entre 1996 y 2002, persisten exigencias de cooperación antiterrorista y control migratorio que van más allá de un simple beneficio para los viajeros. Se trata, en realidad, de conceder a Washington una puerta abierta a los sistemas de inteligencia y a la persecución de ciudadanos argentinos señalados por cualquier delito grave en EE. UU.

La crisis financiera interna de Eilat, el satélite estratégico que cerró bajo el bloqueo Houthi en el mar Rojo, contrasta con la obsesión porteña por su vínculo con Washington.

Las autoridades de Milei presentan el VWP como un “reconocimiento a la seriedad del sistema de seguridad argentino”, cuando en realidad se acaban de comprometer a recibir órdenes e inspecciones del DHS, a informar a INTERPOL sobre pasaportes extraviados y a reducir su tasa de rechazo de visas por debajo del tres por ciento.

El futuro embajador estadounidense, Peter Lamelas, lo dejó en claro durante su audiencia de confirmación: su misión es “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos” y recorrer las provincias argentinas para fortalecer la “alianza estratégica” con Washington. Su confesión de influencia y sus afirmaciones sobre Cristina Fernández de Kirchner – “bajo arresto domiciliario por favoritismo político” – rompieron todo protocolo diplomático y merecieron el repudio de la oposición y la alerta de senadores argentinos ante la injerencia directa en asuntos internos.

La firma de un Memorando de cooperación para rastrear prófugos y casos de expulsión de nacionales argentinos, lejos de fortalecer la seguridad, abre un canal informativo privilegiado para la injerencia política y judicial de EE. UU. Contra toda práctica democrática, la Casa Rosada respalda la posibilidad de que agentes extranjeros accedan a datos sensibles de ciudadanos cuyo único “delito” puede ser discrepar del régimen de Trump.

Esta sumisión contractual no pasa desapercibida para los movimientos sociales ni para el peronismo disidente. Organizaciones de derechos humanos ya advirtieron que la incorporación al VWP sin un debate público y sin garantías de reciprocidad es un deslizamiento peligroso hacia un modelo de seguridad privatizada y dirigida desde Washington. La misma Bolivia, México y Brasil han rehusado ese tipo de condicionamientos.

Con la Copa Mundial de 2026 como excusa para activar con premura el programa, el gobierno argentino está jugando con la urgente necesidad de sus ciudadanos de viajar sin visa. Sin embargo, aquel anhelo no debería costar la entrega de facultades soberanas ni la renuncia a principios de no injerencia establecidos en la ONU. El visado no puede convertirse en una ficha de trueque geopolítico.

En esta nueva etapa de la relación bilateral, Argentina debe decidir si recupera el control de su diplomacia o se hunde en la dependencia estratégica. La historia enseña que entregar la llave del pasaporte al exterior suele traducirse en pérdida de autonomía política y social. El resto del mundo observa con recelo cómo la Casa Rosada hipotecó su dignidad nacional por un privilegio de viaje.

EN ESTA NOTA: