El presidente de Bolivia, Luis Arce, evocó el intento de golpe de Estado que se abortó en su nación hace un año gracias a la acción del pueblo movilizado, luego de que altos mandos de las FF.AA. con militares armados y tanquetas intentaran tomar por la fuerza la sede del Ejecutivo y deponer a su Gobierno.

A doce meses de la asonada, el mandatario manifestó que el 26 de junio será recordado «como el día en que el pueblo boliviano fue a defender la democracia a plaza Murillo».

Durante un acto por el 46 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en La Paz, Arce aseguró que el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, confesó en una carta divulgada la víspera que tuvo el propósito de interrumpir la democracia boliviana, lo cual deja sin fundamento las versiones difundidas por opositores de que se habría tratado de un autogolpe.

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Al referirse a la misiva firmada por el exgeneral, Arce sostuvo que se trata de «una confesión del golpe de Estado» y que Zúñiga quiso sacarla «para lavarse la cara ante el pueblo boliviano».

Reveló fragmentos del documento, entre ellos uno que revela con mayor claridad la intención de romper el orden institucional. En esa parte Zúñiga expresó: «Oficiales y suboficiales, sargentos y soldados, que, con el alma herida, se pusieron de pie, dijeron basta al manoseo, al olvido, al uso político. Ese día, alzamos la voz por dignidad, por deber y por amor a la Patria».

Entre otras ideas, el excomandante dijo que el 26 de junio de 2024 soldados y militares evitaron un enfrentamiento. Arce cuestionó: «¿Qué enfrentamiento? Si fue en realidad un momento en que las Fuerzas Armadas se alzaron contra el pueblo, contra un Gobierno democráticamente elegido».

Tras la derrota del golpe, que contó con apoyo de centenares de militares armados y tanquetas artilladas, se abrió una investigación y el Ministerio Público presentó una resolución de acusación formal en contra de 22 personas que esperan el inicio de un juicio oral, entre las cuales hay militares en retiro y civiles.

Junto con Zúñiga, otras 21 personas son procesadas por la fallida asonada militar y se les señala por los delitos de terrorismo -que implica pena de cárcel por 20 años-, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución.

«Corresponde que la Justicia determine las sanciones correspondientes en función al grado de responsabilidad de cada uno» de los encartados, precisó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien resaltó la firmeza del sistema democrático y avances en el proceso judicial contra los responsables.

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