Nadie pidió su traslado. Pareciera inexplicable que cuarenta confinados fueran enviados desde prisiones en Estados Unidos, a la cárcel de Guaynabo en Puerto Rico, por lo pronto con siete enfermos de Covid-19.

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Ser un enclave colonial, implica que no tienen que preguntarle al gobierno local “parte de”, si están o no de acuerdo en recibir los enfermos con coronavirus “que pertenecen a” Estados Unidos.

“Esto nos choca grandemente”, asombrado dice el juez federal Gustavo Gelpí. “Todas las personas que han dado positivos son recién llegados”. Los cuarenta prisioneros aún están pendientes a sentencias. “Pero nosotros no estamos haciendo vistas. El tribunal está cerrado y las vistas se están dando por video tele conferencia.

El juez  teme que otros entre el grupo de reclusos, salgan positivos a la prueba de la Covid-19, justo porque: “nos preocupa que el área de aislamiento se convierta en un hospital. Entonces, nos compromete el espacio para nuevos arrestos”.

Intríngulis

In the Public Interest (ITPI), - centro integral de investigación y políticas sobre privatización y contratación responsable- consigna que un 65 por ciento de 62 contratos de prisiones privadas en Estados Unidos, dispone de garantía mínima de un número de reclusos o penalización por camas vacías. Los centros penitenciarios privados, le cobran al gobierno, entre 40 y 60 dólares al día por cada preso. El estado garantiza un mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, indecencia que revela la eficiencia del negocio en la privatización carcelaria en EE UU.

Continúa la práctica en ascenso. Hace una década eran alrededor de 130.000 reclusos, de  1,6 millones en todo EUA. El Buró Federal de Prisiones pagó $5.1 mil millones de dólares a compañías carcelarias privadas por 23.000 inmigrantes detenidos, en esa ocasión abonó diariamente, unos 200 dólares per cápita. Indescifrable por 30 cárceles privadas en los 50 estados.

Hace una década, la población carcelaria creció un 18 por ciento, pero el número de presos en cárceles federales y privadas aumentó en un 80 por ciento.

La práctica privada de las penitenciarías, lleva 20 años de ejercicio. La gestión es útil con la creciente detención de los inmigrantes. Unas 50.000 personas llegadas de otros países, más del doble de la década anterior, pueden ser detenidas diariamente. Con el gobierno actual, las dos compañías más grandes de cárceles privadas de los Estados Unidos -CoreCivic y Geo Group- son también gestoras de los servicios de agencias estatales de detención migratoria. Para que se tenga la medida de las ganancias, según la EFE, en el primer trimestre de 2019, Geo Group logró un beneficio de 40 millones de dólares. Por su parte, CoreCivic cerró el trimestre del 2018, con unos beneficios de 41 millones.

Según American Civil Liberties Union (ACLU), la proporción podría rondar el 12 por ciento en las instalaciones federales y un poco menos en las estatales. Además, en el caso de los centros de detención de inmigrantes, podría suponer hasta el 50 por ciento.

Control

Con tal dispersión e intereses, el control de la epidemia se vuelve arduo. Que se sepa, unos 14.000 reclusos ya enfermaron de coronavirus y un número mayor a los 5.000 trabajadores de prisiones, resultaron positivo a la prueba de la Covid-19 en Estados Unidos.

Allí, donde nadie los ve, ni los visita, unos 870.000 presos continúan trabajando como mano de obra barata. Las compañías que los usan, bajan considerablemente los costos labores, donde no deben pagar el salario mínimo, ni las horas extras o amortizarlos por enfermedad.

Desfavorecidos, por todos lados

Haití registra 5.211 casos y 88 muertes de Covid-19, mientras reportan brotes de fiebre en los centros penitenciarios de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Petit-Goâve y Jacmel.

Por lo pronto dicen que en junio, 12 reos fueron diagnosticados positivos en la prisión civil de Jeremie. Otra decena enfermó en la Penitenciaría Nacional. Cuando la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunció actos de tortura y hasta 80 personas hacinadas en un pequeño espacio, fue buen momento para indultar a 415 reos de 17 penitenciarías haitianas.

En Colombia, con 123.349 personas privadas de libertad, algunos podrían ser beneficiados con la detención domiciliaria transitoria. Estiman liberar de 10.000 a 4.000 presos -no por causas políticas- afirma la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Solo en el departamento del Meta, se supo en mayo de 508 confirmados de Covid-19, en la cárcel de Villavicencio.

Al menos 32.500 presos fueron liberados en Brasil en tres meses. País que acumula el triste 12 por ciento de las muertes por coronavirus en el mundo, con 81.000 fallecidos. Ahora se alienta a los jueces a que revisen caso por caso. Personas encarceladas en grupos de riesgo y el final de su condena, siempre que no hayan cometido latrocinio, asesinato o violación.

En una de las cárceles más superpobladas de Lima, Lurigancho, los mismos presos se han agenciado recursos de protección. Ahí donde ya han muerto una treintena de ellos y casi 200 han dado positivo la Covid-19, el doctor Jorge Cuzquén, el jefe del área de salud, asume que hay muchos más entre los 9.322 presos aglomerados en una capacidad penitenciaria de 2.500 personas.

La titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, afirma que las estructuras de las cárceles en Centroamérica, no permiten atender las medidas sanitarias mínimas y se teme lo peor. El Salvador confirma a 142 reos y cuatro custodios con Covid-19, en diferentes recintos penitenciarios, 33 de los cuales son enfermos psiquiátricos.

Más de 1.600 presos fueron liberados en Honduras, tras un reporte de 30 contagiados de Covid-19. Infierno latente para más de 22.000 personas confinadas en 25 centros penales y tres sedes militares. En la tal muchedumbre, donde ha muerto un reo de Covid-19, que estaba en un pequeño espacio junto a otros 70, hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, dicen las autoridades.

Las recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, piden ayuda. Escasea el agua -al menos, una hora al día- y hay enfermas con diabetes, hipertensas y  tuberculosis, sin medicamentos. Antes recibían ayuda de afuera, ahora les cancelaron las visitas. Honduras tiene una tasa de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y alta incidencia del delito de narcotráfico, asociación ilícita y extorsión.

Las naciones centroamericanas también han suspendido las visitas a las prisiones. Costa Rica, el único país de la región que no registra Covid-19 en sus cárceles, tiene un 30 por ciento de superpoblación en sus penitenciarías; en Honduras, más de 200 por ciento. El hacinamiento también preocupa entre los panameños, con casi 20.000 prisioneros, de los cuales, el Ministerio de Gobierno dice, 313 tienen el coronavirus.

Libres o inmolados

Un reo llena un vaso de agua caliente, bebe y se lo pasa a varios más. “Vamos a hablar de la situación en las cárceles. Aquí tenemos algo muy preocupante”. El sheriff Alex Villanueva, de Los Ángeles, California, afirma que es un ritual deliberado para subir rápidamente la temperatura corporal e infectarse. Piensan que serían liberados, si dieran “positivo” por Covid-19. Ya son 222 positivos dentro de esa cárcel y solo 18 han sido puestos en libertad.

En Puerto Rico, el primer caso de contagio fue arrestado al llegar desde República Dominicana con un cargamento de drogas. Otro que estuvo en el área de aislamiento y el tercer caso, una mujer que salió libre, después de pagar la fianza.

Posteriormente llegó un grupo de cuarenta confinados, impuestos desde Estados Unidos. No se precisó desde qué prisiones fueron enviados los reclusos a Guaynabo. “Eso es una decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los Alguaciles federales en Washington. Lo hicieron sin consultar al tribunal. El alcaide (de MDC) y el Alguacil federal de aquí, se habían opuesto”, indicó en San Juan, el juez federal Gelpí. "Es una situación que nos preocupa a los jueces, a los abogados y a todos, porque no había necesidad de traerlos".

“El coronavirus es una amenaza de salud pública y pone en riesgo a nuestra población más vulnerable, particularmente a las personas privadas de libertad”, proclama Diego Alcalá, Defensor del Pueblo. “Desafortunadamente, nuestras instituciones comparten muchas cosas en común con la mayoría de las cárceles en el mundo: falta de recursos para atender las necesidades básicas de su población; alta densidad poblacional; facilidades decrépitas; y sobre todo, mucha tensión. Condiciones perfectas para la propagación de un virus”.

“Diariamente, los guardias penales interactúan con la población sin tomar medidas de higiene, los privados de libertad carecen de productos de limpieza y el protocolo de higiene en la preparación y distribución de alimentos es inexistente. Según los datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, hay sobre 8.900 personas detenidas en nuestras instituciones, y sobre 6.500 personas trabajando como personal administrativo y/o oficial correccional. En una cárcel de New York, la población que ha dado positivo al virus, se duplicó en menos de cuatro días, y esa cifra solamente toma en cuenta a las personas que fueron examinadas porque ya demostraban síntomas de la Covid-19”.

Sin tener que reinventar mucho el andamiaje jurídico que tenemos, precisa Alcalá, se pueden tomar medidas concretas para reducir la población correccional y limitar así una desgracia.

Aquí algunas sugerencias: paralizar los arrestos por delitos no violentos, eliminar el pago de fianza como requisito para asegurar la comparecencia. Se debe considerar la aceleración del cálculo de las bonificaciones actualmente otorgadas para asegurar que todos los que sean elegibles sean excarcelados. Atención inmediata a los casos ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Aplicar Sánchez Valle retroactivamente, que establece cómo una persona no puede ser procesada y castigada por un delito en el sistema estatal, y luego también ser procesada por los mismos hechos en el sistema federal. Como Puerto Rico carece de soberanía, el procesamiento del mismo delito en ambas jurisdicciones violenta la cláusula constitucional federal.

Las muertes en Puerto Rico han aumentado durante los pasados tres meses, pese a los pocos fallecimientos por Covid-19 reportados en la isla. Un misterio a develar, como sucedió después del Huracán María, categoría 5. Imposible olvidarlos: 4.645 fallecidos entonces, muy por encima de los 64 reconocidos oficialmente, de acuerdo con estudio de la Universidad de Harvard. ¿En qué nivel de desastre los pondría la pandemia?

Del total de 129,268 confinados federales en todo Estados Unidos, 3,591 están contagiados con el Covid-19, así como 315 empleados. No se suman los recuperados, lo que demuestra la gran incidencia de la pandemia en las cárceles, ni los 97 prisioneros muertos y un empleado a consecuencia del Covid-19. Si se establece en proporción, la tasa de contagio por éste coronavirus en las cárceles de Estados Unidos, es cinco veces más alta que para la población general.

Son Estados Unidos y El Salvador, los que ocupan el primer y el segundo lugar en este ranking mundial de población tras las rejas, por cada 100.000 habitantes. Pero “vamos mejorando”. El primer lugar mundial coincide con la tasa más baja registrada en los últimos 20 años, según un análisis del centro de investigaciones sociodemográficas Pew Research Center.

Una evidente contradicción detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU. Perversa disputa entre el “interés” de rehabilitar a los confinados y reducir la población carcelaria, con el de maximizar sus dividendos empresariales.