¿De qué trata la reforma al Seguro Social en Nicaragua?
El Gobierno de Daniel Ortega aprobó el 16 de abril la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tras varias mesas de negociación durante 2017, para fortalecer el sistema de pensiones mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores.
Según las autoridades, el principal objetivo de esta decisión es evitar la privatización del servicio prestado a los beneficiarios, mejorar la atención médica para todos y garantizar la seguridad social para la población.
¿Cuáles son los beneficios para los pensionados?
La reforma publicada en Gaceta Oficial el pasado lunes mantiene la edad de jubilación en 60 años, así como el tiempo laborado para su otorgamiento: 15 años o 750 semanas, uno de los más bajos del mundo.
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Además, establece una disminución del 5 por ciento de las pensiones y eleva los montos de las cotizaciones de forma progresiva, lo que implica un mayor aporte por parte de las compañías (de 19 a 22,5 por ciento) con respecto a los trabajadores (6,25 a 7 por ciento).
El presidente del INSS informó que esta decisión es necesaria para sanear las finanzas del ente y así contrarrestar los riesgos de una posible falta de liquidez en el cumplimiento de los pagos.
Durante diez años (2006-2016) la pensión mínima pasó de C$ 1.212 a C$ 4.680; se realizó una restitución del beneficio a 42.946 ciudadanos y el sistema de salubridad incluye todos los servicios prestados en la nación centroamericana.
Asimismo, se atiende a pacientes con cualquier tipo de cáncer y son efectuadas cirugías de corazón abierto, cateterismo cardiaco, radioterapia, tratamientos oftalmológicos, reemplazos de caderas, transplantes renales, entre otros procedimientos especializados.
¿Qué pasó en Gobiernos anteriores?
Antes de la llegada del Gobierno sandinista del presidente Ortega, el INSS fue utilizado para actos de corrupción por parte de funcionarios estadales en perjuicio del pueblo.
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1993: La mandataria Violeta Chamorro (1990-1997) aprobó la adquisición de un Certificado Negociable de Inversión (CENI) por nueve millones de dólares a nombre de la compañía minera estadounidense Rosario Mining, pese a que su precio real era tres millones.
1994: El INSS hace un préstamo de 14 millones de dólares al Banco de la Vivienda para ejecutar construcciones, pero nunca fue devuelto el dinero.
2000-2003: El INSS asume deudas por unos diez millones de dólares en un intento de privatrizar las jubilaciones.
Entre las consecuencias de estas gestiones, fueron creadas clínicas de ficticias que recibían aportes sin prestar servicios, hubo un congelamiento de las pensiones mínimas así como de los salarios.
¿Qué propone la derecha?
En contraste con las decisiones gubernamentales para garantizar la protección social, discutidas en una Comisión Técnica con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), las derecha de Nicaragua ha propuesto políticas que perjudican al pensionado.
Algunas de las medidas son: Incrementar la edad de jubilación en varios sectores y las semanas de cotización (1.500 o 30 años de labor); eliminar la pensión mínima; que el INSS venda los centros de atención a su cargo y subir el monto de cotización un 2 por ciento más que los empleadores.
Reacciones de los nicaragüenses
El beneficiado Hidelbrando Reyes Quintero, jubilado hace cuatro años, manifestó estar de acuerdo con la reforma porque "como estábamos no gozábamos plenamente del derecho a la salud, mientras que ahora vamos a tenerlo como si fuéramos trabajadores activos”.
Por otro lado, sectores de la población han expresado su descontento con protestas en contra de la decisión, donde se han generado hechos de violencia que han provocado la muerte de dos jóvenes y un policía y más de 30 heridos.
La vicepresidenta Rosario Murillo aseveró que el país "está siendo mancillada por malos hijos, gente mezquina y de alma pequeña que no se pone a pensar que hemos trabajado tanto para alcanzar la paz”.