El nuevo Código del Sistema Penal, propuesto por la Asamblea Legislativa y promulgado por el presidente Evo Morales en diciembre de 2017, iba a tener vigencia a partir de junio de 2019, pero fue abrogado el 21 de enero.

Morales anticipó que el objetivo de esta derogatoria es iniciar la elaboración de otra norma con el consenso de los sectores sociales, y dejó establecido que debe haber una nueva norma para la anulación del antiguo código.

El gobierno de Bolivia ha destacado que su intención con el Código del Sistema Penal es sustituir el código de 1973, de la dictadura de Hugo Bánzer, al que califican una copia de Europa.

Morales tomó la decisión un día antes de rendir su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Nación por sus 12 años de gobierno, "para evitar esas confusiones, ese miedo en base a la mentira por redes sociales, he decidido abrogar el Código", afirmó.

Estos temas generaron una escalada de protestas callejeras de diferentes sectores y paros de los médicos que mantuvieron 47 días de huelga. Pese a esa decisión presidencial, otros sectores encontraron más artículos para cuestionarlos, y las movilizaciones crecieron en varias regiones bolivianas.

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Los manifestantes exigen la flexibilización de las causales para el aborto legal y la mala praxis profesional, que afecta especialmente a los médicos.

Comenzó con la crítica de un solo artículo, el 250, por parte de los gremios de médicos y posteriormente también dio lugar a protestas del sector transporte para la derogación del artículo 137. Ante las quejas de la población civil, Morales pidió la revisión de estos artículos.

No obstante, la oposición política pidió la abrogación de todo el Código y además, que se anule una resolución del Tribunal Constitucional que autoriza la repostulación de Evo Morales para las presidenciales de 2019. El Gobierno detectó el carácter político de estas movilizaciones y abrogó el Código Penal para que no sea el argumento que genere desestabilización en el país.

Los inconformes desarrollaron paros cívicos departamentales en Santa Cruz (este), Cochabamba (centro), Beni (noreste), Potosí (sudoeste y El Alto (oeste). Dirigentes de oposición habían anunciado movilizaciones en todo el país a partir del martes, pero los sectores cívicos aún no se han pronunciado.

Para el ministro de Justicia, Héctor Arce, el Código Penal es utilizado por la derecha para generar conflictos y desestabilizar al gobierno de Morales. "Ahora que se ha decidido abrogar el Código, por lo tanto, no hay pretexto para que las movilizaciones continúen, lo contrario se ratifica en afán de conspiración", agregó.

¿Qué tiene de malo sancionar a los médicos que ocasionan muerte con mala praxis?

El analista político, Martín Guerra, en entrevista para teleSUR, explicó que los médicos en Bolivia están asustados ante una posible inhabilitación de su carrera médica o prisión por neglicencia frente a los pacientes, y esta situación trasluce dos escenarios:

1.- El sistema de salud pública en Bolivia aún no puede prescindir de los gremios privados 

2.-  El sector privado de salud no acepta que hayan mecanismos de regulación de sus actividades.

A juicio del analista, la actitud de los gremios "está mal" porque incluso en gobiernos capitalistas de países desarrollados en Europa se aceptan mecanismos de regulación.