Las maneras de Mariano Rajoy de evitar el referendo independentista de Cataluña han dejado en evidencia al Gobierno "democrático" de España. 

Para el líder del Partido Popular (PP), la consulta prevista por los independentista catalanes es ilegal y en su afán de detener la iniciativa ha recurrido a acciones que en otras ocasiones ha cuestionado.

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En julio, Rajoy fue cuestionado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por haber expresado su respaldo al plebiscito ilegal organizado por la derecha en el país suramericano. Ahora, el jefe de Gobierno español se niega a la consulta catalana y afirma que de ninguna manera se realizará. 

“Para Mariano Rajoy, es legal una consulta interna paralela a la Constitución (venezolana), pero no es legal el referendo que pide el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado Español“, aseveró Maduro.

“¿Y sobre qué patrón o sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, (que) el intento del pueblo de Cataluña para hacer una jornada democrática para un referendo consultivo es ilegal?”, se preguntó el mandatario venezolano. 

Ahora, el Gobierno español en su afán de impedir el referendo ha enviado a la Policía de España a incautar las urnas y clausurar los colegios, lo que dejó un saldo de casi 900 heridos. 

También la Guardia Civil clausuró la página web referendum.cat, usada por la Generalitat para informar sobre el referendo. 

"Tenemos el deber de denunciar con claridad a los responsables y a los cómplices de estos atropellos a la libertad, porque si no, solo podemos esperar más arbitrariedad y más injusticia”, dijo el jefe de Gobierno español sobre los supuestos atropellos cometidos en Venezuela. Sin embargo, a poco más de una semana de la consulta independentista catalana, Rajoy impulsó una medida que notificó en persona a los 947 alcaldes de Cataluña, a 75 altos cargos de la Generalitat, a los jefes de los medios públicos y de la policía local (los Mossos d'Esquadra), y a directores de escuelas de la responsabilidad penal en que incurrirían si participaran de algún modo en la preparación del referendo. 

Bajo este contexto, la Guardia Civil detuvo a 14 altos cargos en un operativo desplegado en varias sedes de la Generalitat para recopilar pruebas e indicios sobre el referendo. 

Asimismo, fueron denunciados por sedición las "personas que han inducido, sostenido o dirigido" acciones para impulsar movilizaciones o "movimientos populares" en favor del referendo independentista "por la fuerza de la intimidación". No obstante, en Cataluña denuncian que la intimidación viene de España, que "ha suspendido de facto el autogobierno". 

Recientemente, ordenaron el allanamiento del semanario catalán El Vallenc y imprenta llamada Indugraf. Las incautaciones de papeletas, folletos y cualquier material del referendo continúa. 

Para Rajoy, “no se puede permitir que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la Ley y hacer lo que estimen oportuno y conveniente. Eso no es posible porque eso sería entrar en la ley de la selva, cada uno quisiera hacer lo que quisiera… Si un Gobierno incumple la Ley si unos diputados incumplen la ley, pues todo el mundo estaría legitimado para eso". 

El presidente catalán, Carles Puigdemont, cree que la reacción de Rajoy a la aprobación de la Ley del Referendo demuestra que España "no es un régimen democrático", y aseguró que la Generalitat responderá con un "tsunami democrático" con "calles llenas de gente" para celebrar el 1 de octubre.

En las redes sociales, el descontento por las violaciones de garantías de participación popular por parte de España se hace sentir. 

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