Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata reportada durante el gobierno de facto en Bolivia reclamaron justicia este jueves mientras denunciaron el incumplimiento de las recomendaciones de los expertos internacionales.

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“Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata para salvar heridas”, señaló la experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Patricia Tappatá.

Tras ocho meses de investigación, el GIEI publicó el Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, en el cual se realizaron 36 recomendaciones para evitar nuevos sucesos de violencia.

En este sentido, los activistas denunciaron que luego de dos años de haberse entregado el informe al Gobierno boliviano, solo se ha cumplido un inciso de una recomendación.

“Es el inciso 2 de la recomendación número 16 en donde dice que el Servicio de Protección contra la Tortura, que dependía del Ministerio de Justicia, pase a otra entidad anónima, en este caso la Defensoría del Pueblo”, apuntó el miembro de la Asociación de Víctimas de violaciones a DD.HH., David Inca.

A su vez, la presidenta de la Asociación de detenidos y torturados, Marcela Calle, señaló que el informe “habla sobre las personas que hemos sido detenidos y torturados. Son tres años y nueve meses que no hay nada, no hay justicia para nosotros”.

En la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 en El Alto, al menos 37 personas fueron asesinadas por las fuerzas militares que reprimieron a manifestantes que protestaban contra el gobierno de facto de Jeanine Añez.