La Marcha por la Dignidad inició el pasado 25 de junio desde diferentes ciudades de Colombia, con el objetivo de exigir, al Gobierno del presidente Iván Duque, la adopción de políticas que permitan proteger la vida de los líderes sociales y de los firmantes del acuerdo de las FARC-EP.

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En ese sentido, la iniciativa popular exige al Ejecutivo garantías ante los constantes crímenes, judicializaciones, amenazas de muerte en contra de los dirigentes sociales, así como el reclamo por las precarias condiciones de vida ante el abandono estatal debido a la falta de inversión en los territorios.

Por su parte, el Movimiento Político y Social Congreso de los Pueblos detalló que cerca de 40 organizaciones, culturales, sindicales, estudiantiles, campesinos y comunidades raizales, se encuentran caminando por diferentes carreteras del país suramericano en la llamada Ruta Libertadora, en el marco de la fecha de la “independencia” colombiana.

“#IndependenciaConDignidad es el eco de los pueblos que luchan para defender sus derechos, su vida, libertad y territorios. #MarchaPorLaDignidad es un país que forja su lucha para construir un país para la vida digna” expresó el Congreso de los Pueblos en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD.HH.) han denunciado hostigamientos por parte de la Policía de Colombia en contra de las movilizaciones pacíficas que continúan el camino a la ciudad capital para desarrollar mítines políticos y culturales frente a la casa presidencial de Nariño.

El Congreso de los Pueblos aseguró que la “Policía nacional el  impide paso de la Marcha por la Dignidad hacia el sitio de pernoctar, exponiendo a personas a quedarse en carretera. Aún con medidasde  bioseguridad garantizadas y acompañamiento de personería, la Policía suesca niega y viola el derecho fundamental constitucional a la movilidad”.