La propuesta que el secretario técnico del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) de Haití, Jean Robert Constant, formuló al primer ministro, Ariel Henry, para instalar un órgano renovado, fue rechazada este viernes por no menos de 16 organizaciones de derechos humanos (DD.HH.) de la nación caribeña.

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Dos semanas atrás, Robert Constant pidió al jefe de Gobierno hacer los arreglos para que los miembros de la Cuarta Judicatura tomen posesión, lo cual es calificado por organizaciones de DD.HH. como un arreglo fraudulento para el establecimiento de un CSPJ de facto.

Para los firmantes de la carta de protesta, la instalación de la Cuarta Judicatura de la CSPJ se produciría en violación de la ley del 13 de noviembre de 2007, que establece el funcionamiento de ese órgano del poder judicial.

Entre otros argumentos, las organizaciones de DD.HH. subrayan que un Primer Ministro (legal o de facto) no tiene ninguna competencia constitucional o legal para recibir la juramentación de los miembros de la CSPJ.

De igual forma, señalan que el Senado es disfuncional y la Cámara de Diputados no existe actualmente. 

En consecuencia, los firmantes de la nota denuncian que la propuesta entraña un intento de fraude a la ley, porque los miembros de la CSPJ prestan juramento ante el presidente de la República y en presencia del Presidente del Senado y la Cámara de Diputados. 

Además, afirman que el consejo saliente no pudo certificar los archivos de varios concejales nombrados o electos mencionados en su correspondencia. La certificación es un requisito legalmente establecido antes de prestar juramento y asumir el cargo.

El magnicidio contra el expresidente Jovenel Moïse, hace poco más de un mes, afianzó el vacío institucional del país, cuyo aparato judicial funciona de manera irregular y que desde 2020 carece de Parlamento tras vencerse los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores.