El Gobierno de Haití no ha emitido nuevas noticias sobre la muerte del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, a un mes ya de su asesinato cuando el 7 de julio un grupo armado, integrado en su mayoría por mercenarios colombianos, irrumpió en su residencia privada.  

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Medios locales han precisado que el caso fue entregado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, la capital haitiana, sin embargo, aún ningún magistrado aceptó conducirlo en medio de un contexto donde secretarios judiciales y jueces de paz recibieran amenazas de muerte.

Hasta el momento, la policía haitiana ha detenido a decenas de personas, entre las que destacan 26 colombianos, varios agentes de la seguridad presidencial y un empresario haitiano radicado en Florida.

Pese a las detenciones, persisten las incógnitas sobre la investigación y el magnicidio al presidente de Haití y la tentativa de asesinato a su compañera Martine Étienne, quien fue gravemente herida en el lugar de los hechos.

Varios sectores de la vida pública en el país han emitido juicios críticos sobre la lentitud de los procedimientos policiales y judiciales, así como la negativa de las autoridades a difundir información sobre los avances de las investigaciones.

El mes pasado, la Embajada de Haití en la República Dominicana informó a través de un comunicado que la cancillería haitiana solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asistencia para llevar a cabo una investigación internacional sobre el magnicidio de mandatario.