Guatemaltecos exigen cancelación de carretera de energía eléctrica
La polémica entre la constructora y la población tiene más de cinco años, donde se han realizado huelgas, paros y cierres de vías sin una solución.
Pobladores de Sacatepéquez en Guatemala realizan manifestaciones para exigir la cancelación del proyecto denominado como la súper carretera de energía eléctrica, que está construyendo la compañía Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), debido a que se está cometiendo una violación de los derechos humanos.
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La firma Trecsa está solicitando al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 165 millones de dólares para culminar el diez por ciento de su obra, que está estimada en un total de 500 millones de dólares.
Los manifestantes piden al BID que niegue la ayuda debido a las continuas violaciones de derechos que perpetra la construcción de este tendido eléctrico.
En #Guatemala pobladores de los municipios de Sacatepéquez, exigen al BID INVEST cancelar el financiamiento para la construcción de una carretera eléctrica, pues la empresa responsable de la obra, es señalada por la violación a los derechos humanos, según denuncian. pic.twitter.com/INt8dTmgfV
— Santiago Botón ���� (@SantiagoteleSUR) June 7, 2022
La denominada carretera de energía eléctrica abarca unos 800 kilómetros y atraviesa el cableado de alta tensión de las viviendas, sin reparar en que esto constituye una violación de la propiedad privada.
Otras de las preocupaciones es la criminalización a defensores del medio ambiente como Bernardo Caal, que fue condenado por defender el agua, y los pescadores de El Estor, quienes fueron perseguidos.
El daño medioambiental de las labores de la empresa es notable en el país. La poda de árboles afecta varias fuentes de agua importantes en tierras bajas.
La tala ilegal ha dañado la cobertura forestal del territorio, pero se siguen talando “árboles de cientos de años” que “jamás se van a recuperar”, al decir de los afectados.
Aunque el supuesto fin de Trecsa es llevar el desarrollo sostenible al país, los pobladores apuntan que esta directriz solo beneficia a los mineros y afecta a los agricultores.
La polémica entre la empresa y la población que vive en torno a sus obras tiene más de cinco años, donde se han realizado huelgas, paros, cierres de vías sin una solución determinante.