El presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, denunció este martes desde México la militarización de la Plaza Murillo, centro político de La Paz, que se encuentra cercada por tanquetas militares.

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Morales destacó ante la comunidad internacional el estilo dictatorial del gobierno golpista de (Carlos) Mesa, (Luis Fernando) Camacho y (Jeanine) Áñez y lo acusó de planear la suspensión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Luego de la concreción del golpe de Estado, el pasado domingo 10 de noviembre, varios sectores, especialmente campesinos, indígenas, docentes y mujeres, han protagonizado intensas jornadas de movilizaciones exigiendo la renunica del gobierno de facto de la autoprocalamada presidenta Jeanine Añez.

Las distintas protestas a lo largo del país, entre vigilias, marchas y cabildos, han sido reprimidas por las fuerzas del ejército y la policía, ahora reforzada mediante decreto firmado por Áñez que absuelve de responsabilidad penal a los militares que accionan contra las manifestaciones.

"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad", señala el documento.

Ya ronda más de la veintena las personas fallecidas a manos de los uniformados en Bolivia, desde que se instaurara el gobierno de facto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha contabilizado al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde que comenzó la crisis, de los cuales al menos nueve han fallecido por la represión combinada de la policía y fuerzas armadas y 122 han resulado heridos desde el viernes, cuando los uniformados arremetieron contra una marcha de cocaleros en el departamento boliviano de Cochabamba.