El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este martes que el Poder Judicial emitió órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

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En conferencia de prensa, el mandatario puntualizó que conocer lo sucedido a esos jóvenes es “un asunto de Estado”, “una espina clavada que duele a México, que no va a quedar en el olvido” y “no va a funcionar el llamado pacto de silencio”.

Manifestó su confianza en que pronto habrá buenos resultados, y añadió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, están de acuerdo en trabajar de conjunto y avanzar en las investigaciones.

El 8 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó con el Ejecutivo la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para brindar asistencia técnica en las indagaciones sobre la masacre, que tuvo lugar en la ciudad de Iguala (200 km al sur de la capital mexicana).

Asimismo, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) está entregando información a la CIDH, para esclarecer el papel del batallón del Ejército establecido en Iguala.

Según el acuerdo entre el Gobierno y la CIDH, los expertos trabajarán durante nueve meses y emitirán su primer informe a los tres meses de su nueva entrada en funciones.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a prorrogar la vigencia de la CIDH, luego que los expertos detectaron irregularidades en la investigación y denuncias de torturas en los imputados.