Las acciones del 30 de septiembre de 2010 contra el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa parecía ser parte de un plan golpista en América Latina para detener los procesos de cambios impulsados por los gobiernos progresistas de la región.

Hace ocho años miembros de la Policía Nacional ecuatoriana se sublevaron contra el Gobierno de Rafael Correa por la eliminación de unas prebendas económicas en la Ley de Servicio Público recién sancionada en el Parlamento de ese país suramericano.

Frenar el proceso de cambio en Ecuador

En entrevista para el programa Enclave Política transmitido por teleSUR el representante de la organización Bulla Zurda, Jorge Cisneros, sostuvo que el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre en Ecuador, respondía a la intención de paralizar el proceso político y de cambios impulsado por Rafael Correa.

Cisneros señaló que es muy simplista decir que los sucedido en Ecuador fue solo por la sublevación de los policías contra el Gobierno de Correa.

30S: en la descomposición que vive la Patria, ahora ellos pretenden ser las víctimas.#30SYoEstuveAhí pic.twitter.com/ZvnJK7dciz

— Rafael Correa (@MashiRafael) 30 de septiembre de 2018

El representante de Bulla Zurda opinó que los intentos por parte de la clase política, económica y los medios de comunicación de culpabilizar a Correa de los hechos del 30 de septiembre responde a una práctica que se ha repetido en Brasil y  Argentina.

Cisneros denunció que se ha tratado de poner en duda el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad para conocer los hechos ocurridos el 30 de septiembre.

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En un informe publicado por la comisión se estableció que "sectores de oposición impulsaron intentos de golpe de Estado y de magnicidio contra el presidente Rafael Correa".

Durante una entrevista para el diario Le Monde Diplomatique' en enero de 2011, Rafael Correa denunció que detrás del intento de golpe de Estado existió "toda una conspiración para desestabilizar al Gobierno ecuatoriano".

Además, manifestó que "los reclamos de los policías no eran para un alza salarial, sino por el rechazo" al Gobierno que estaba "investigando atentados a los Derechos Humanos".

El pueblo tiene memoria y recuerda que el 30S 2010 salió a las calles a defender a su Presidente. 8 años despues, el día que triunfó la democracia no puede convertirse en un pretexto más de persecución política. #30SYoEstuveAhíhttps://t.co/1NROwXUgxO

— Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) 29 de septiembre de 2018

Con respecto a si gobiernos extranjeros estuvieron implicados, el mandatario dijo que no tenía ninguna evidencia de ello, sin embargo señalaba que tenía la certeza de que en Estados Unidos existen "grupos de extrema derecha, fundaciones que financian a los grupos que conspiran contra el Gobierno, les pasan dinero en forma camuflada, capacitaciones, unos nombres rimbombantes que, finalmente, financian a grupos opositores al Gobierno y a muchos conspiradores".

En este sentido la National Endowment for Democracy (NED por su sigla en inglés) destinó más de un millón de dólares a Ecuador para "fomentar programas de participación ciudadana, entrenamiento para cuestionar al Gobierno en relación al uso de recursos, la promoción de campañas de denuncias de supuestos casos de corrupción, la promoción de líderes opositores y estudiantiles", entre otras medidas.

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Finalmente, resaltó la importancia de la implicación de los medios de comunicación privados pues "son unos conspiradores permanentes" además de ser "los 'perros guardianes' del status quo".

Las denuncias de Correa pusieron en evidencia la estructura de un golpe blando impulsado desde EE.UU.