El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aceptó que inicien las investigaciones preliminares en contra de su gobierno, respecto a las acciones ejercidas por los cuerpos policiales al servicio de la nación, informó el portavoz presidencial filipino Harry Roque.

Se realizará un proceso inicial de "recopilación y verificación de información" que permitirá al tribunal determinar si existe o no base suficiente para investigar la campaña antidrogas del presidente filipino.

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La muerte de 4.000 sospechosos a manos de los cuerpos policiales filipinos en el lapso de un año y siete meses alertó a la CPI a iniciar las averiguaciones pertinentes para establecer cuál seria la cifra real de victimas, que podría ascender a siete mil.

Roque, quien además de ser portavoz oficial de la presidencia es también un experto en leyes internacionales, aseguró que las muertes en combate por luchar en contra del trafico de drogas "no constituyen crímenes contra la humanidad".

El Estado anunció que comunicará a La Haya que "la guerra contra las drogas es un acto soberano" y que los tribunales locales "son más que capaces", dijo Roque asumiendo también que la lucha antidorga de Duterte es "una operación legal y legítima" y "no puede considerarse un ataque contra la población civil".

El accionar del gobierno cuenta con la aprobación del 90 por ciento de la población filipina.