Se ha venido evidenciando en muchos procesos electorales en Venezuela la tendencia a no reconocer que el sistema venezolano es un sistema actualizado y moderno. Así lo afirmó Ana Cristina Bracho, abogada auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia de ese país en entrevista concedida a la señal multinacional de teleSUR.

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“Se trata de un sistema electoral que tiene un proceder, que tiene auditorías con participación de los distintos sectores y que tiene también un nivel importante de participación. Evidentemente, dentro de lo que ha sido la evolución del asedio a Venezuela, en especial después de ese 2015, nosotros vemos que cada vez son objeto de mayores cuestionamientos las elecciones” afirmó la letrada.

Esos cuestionamientos, agregó, “buscan quitarle al pueblo de Venezuela su derecho a escoger sus autoridades en su tiempo constitucional de acuerdo con sus cronogramas y de acuerdo con su legislación”.

“Entonces nosotros vemos que este proceso es tan sólo uno de los que se han llevado dentro de la situación en un mundo en el que hemos visto sucederse muchas elecciones incluso en nuestro continente pero se plantean bajo un sesgo que busca determinar incluso si Venezuela tiene o no derecho a hacer elecciones que son constitucionalmente obligatorias porque el Parlamento tiene un término que ya se cumplió”, añadió Bracho.

Sobre la atención que despiertan en los grandes medios las elecciones parlamentarias en Venezuela, la experta consideró que es importante considerar lo que ha representado la Asamblea Nacional para la oposición venezolana durante el último lustro.

“Así, incluso, vamos a entender la apuesta tan grande que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con las declaraciones de este martes. Tomemos en cuenta que la Asamblea Nacional, diseñada como el primer poder de la República, con una función de colaboración, de control político y de elaboración de legislación, ha pasado un período en el cual ha sido la agencia de los intereses foráneos en Venezuela”, sentenció Bracho.

La letrada recordó que el Parlamento en manos de la oposición sirvió, incluso, para “unas fórmulas de Gobierno que no tienen validez legal, que no tienen existencia en un esquema de poder nacional pero que ha servido para legitimar las acciones extranjeras en el país”.

“Hablamos de una supuesta legitimidad de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, o directamente de la toma de los activos venezolanos fuera de Venezuela. Son los mismos sectores que tienen una especie de censura y sin duda intentaron boicotear las elecciones”, amplió la especialista.

Esos sectores recomendaron “que Venezuela no podía hacer lo que en efecto hizo Estados Unidos, lo que hizo Chile, lo que hizo Bolivia, lo que hicieron muchísimos países durante este año de pandemia. Quieren también preservar una relación de poder que al día de hoy no existe y que además ha sido nociva para los intereses venezolanos. Quieren quitarle al pueblo de Venezuela la capacidad de decidir”, concluyó.