El Consejo de Ministros de España aprobó el decreto ley de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que obliga a la banca comercial a asumir los pagos de impuestos por concepto hipotecario, determinación que entrará en vigor a partir del sábado 10 de noviembre de este año. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, prometió que daría un revés a la decisión del Tribunal Supremo de España que falló a favor de la banca y no de los usuarios financieros. 

El Gobierno español incluirá una nueva clausula en el artículo 29 de la Ley de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, el cual reza que "cuando se trate de préstamos con garantías hipotecarias, se considerará sujeto pasivo al prestamista".

Asimismo, el fallo del Consejo ministerial español estipuló una reforma en esta ley para evitar que los bancos puedan evadir los compromisos de pago a través de alguna deducción o traspaso por comisiones extras a los clientes. 

Dentro de las clausulas de la recién aprobada ley existe una clausula que exime a la banca de estos compromisos monetarios cuando la transacción crediticia incluya a la Iglesia católica, al Estado español o a partidos políticos. 

La opinión pública y el gremio económico estima que la decisión de Pedro Sánchez es tardía y forzada al tratarse de una situación que se ha mantenido en suelo español por muchos años y que no había sido tomada en consideración. 

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