La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) sancionaron este lunes un acuerdo de cooperación, en el que establecen mecanismos ágiles y permanentes de comunicación y articulación para que ningún delito del conflicto armado quede impune.

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En este sentido, las autoridades precisaron que diseñaron mecanismos para avanzar en la lucha contra la impunidad, señalando que en ocasiones un delito relacionado con el conflicto cae en la competencia condicionada de la JEP, y cuándo, en cambio, permanece temporal o definitivamente bajo el conocimiento de la justicia penal ordinaria.

Asimismo, se refirieron a investigaciones abiertas de la competencia de la JEP en los que la Fiscalía retiene algunas de sus funciones, en aras de asegurar que no se suspenda la labor investigativa del Estado mientras la JEP define enteramente la situación jurídica.

“La FGN, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, “no puede restringir la libertad del sujeto, ni comprometer su responsabilidad y tampoco citarlo a diligencias judiciales”, subrayaron los organismos.

En este sentido, con el nuevo acuerdo la Fiscalía presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos, reseñará sus resultados investigativos más recientes, la identidad de los presuntos autores, su hipótesis de investigación y los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia recaudada.

Así pues, la JEP complementará sus propios hallazgos y contrastará las versiones voluntarias de los comparecientes, antes de definir si formula imputaciones en su contra o si define la situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, según el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos.

Vale precisar que, tras suscribir el acuerdo, la FGN también se comprometió a asistir a la JEP en la vigilancia al régimen de condicionalidad y a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final para la Paz y defraudado el deber de no repetición.