El exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal general Jorge Perdomo, aseguraron este martes que el expresidente colombiano Álvaro Uribe tiene responsabilidad por la masacre de El Aro y La Granja en Ituango, en el departamento de Antioquia, y se le atribuyen "estas violaciones a título de autor, en comisión por omisión".

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En una entrevista realizada por la colombiana Revista Semana, tanto Montealegre como Perdomo denunciaron que “a pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas para evitar las atrocidades que allí ocurrieron”, por lo que se le demanda por los delitos de “lesa humanidad y delitos de guerra”.

"El gran interés de Álvaro Uribe es perpetuar la guerra. La única bandera que tiene en su vida es la seguridad. Siempre inventa enemigos", sentenció Montealegre.

El exfiscal Montealegre señaló al respecto que hoy hacen pública la denuncia contra Uribe Vélez porque “teníamos que tener claro el marco teórico de la imputación a Uribe, pues percibimos que la investigación de la Fiscalía estaba equivocada porque trataba de establecer un vínculo activo entre el expresidente y las autodefensas, pero concluimos que este era un enfoque equivocado”.

En ese camino, prosiguió Montealegre que “no se llegaba a ningún lado, por ello apostamos por un enfoque de omisión, porque el expresidente y exgobernador era garante de protección de la población civil, y en el caso de estas masacres por parte de paramilitares si no se evitan, pues todos los hechos se le imputan”, agregó.

El exfiscal colombiano reiteró que el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, le advirtió a Uribe sobre el riesgo e inminencia del ataque paramilitar en la zona de Ituango, “y le solicitó protección urgente”. Sin embargo, no hizo nada al respecto, por ello su responsabilidad “se deriva del conocimiento previo que tenía del riesgo”.

De acuerdo con el exvicefiscal general Jorge Perdomo, el expresidente Uribe tenía en su ámbito de competencia la protección del pueblo, y “no actuó, no protegió a la población civil”. 

Perdomo acotó que en este caso, “la denuncia que aportamos tiene pruebas contundentes, pues el exmandatario tenía deber especial desde la posición de garante, desde la Constitución y las leyes, tenía el deber y lo infringió, porque le avisaron a tiempo”.

Por tanto, agrega, “está probado el dolo, pues se conocía que la población se encontraba en riesgo y Uribe tenía la posibilidad de retenerlo y era su responsabilidad, pero mientras masacraban, el ejército se encargaba de que la Cruz Roja no llegara al territorio, e incluso el mismo ejército era el que le entregaba la inteligencia y las coordenadas para la masacre a los paramilitares”.

Estrategia uribista contra la justicia

Tanto Montealegra como Perdona aseveraron que Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por fraude procesal y manipulación de testigos, ha querido, “desde que fue presidente, hacerle daño a la competencia de las Altas Cortes para romper su independencia”.

Al respecto, Perdomo refirió que “hemos terminado siendo víctimas del entorno delincuencial, porque hemos sido tildados de comploteros”.

“Hemos venido advirtiendo patrones en los últimos 20 años la deslegitimización de la justicia, pues hoy estamos viendo el mismo ataque y nos meten en un contexto de complot cuando ellos son los únicos que deben dar respuestas por su comportamiento irregular”, expresó Perdomo.

Por su parte, el exfiscal general Eduardo Montealegre, advirtió que esta ha sido la táctica de la defensa del expresidente colombiano, pues los “abogados de Uribe no argumentan, no dan razones, solo acuden a la estigmatización y la deslegitimización, tácticas viejas de la ultraderecha”.

Mientras, alertó que además, asesinan a quien denuncie la convivencia entre paramilitarismo, policía, fuerza pública y “lo asesinan porque Uribe prende el fósforo, quien denuncia el paramilitarismo lo asesina”.

Montealegre también reveló que el padre de Uribe estaba vinculado con el Cartel de Medellín, “le vendieron la finca Guacharacas a una persona vinculada con el paramilitarismo, su familia estaba muy vinculada, tiene origen de narcotráfico, sin embargo, tuvo el cinismo de decir que la Corte estaba vinculada con el narcotráfico”.

¿Por qué denunciar?

De acuerdo con los exmagistrados, es a partir del año 2011 que el senador Iván Cepeda presentó evidencias para que se reabriera la investigación contra Uribe sobre las masacres y se inicia dos meses antes de que Montealegre llegara a Fiscalía General, por lo que no se trata de un complot.

“Lo hacemos (la denuncia) por convicción, porque cuando estuvimos en la Fiscalía vimos pasar el país ante nuestros ojos, el conflicto, las aberraciones de guerra, y nos dimos cuenta de todo lo que había pasado y que todos los colombianos miramos hacia otro lado”, reafirmó Perdomo.

Por eso, añadió, “no quiero defraudar a esas víctimas de los conflictos”. En tanto, Perdomo expresó que actualmente, 25 años después de las masacres, el país sigue sufriendo las masacres, "se presentan estas masacres cuando el Partido Centro Democrático está gobernando el país", enfatizó.