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Montealegre indicó que la denuncia no suma nuevas pruebas, sino que aporta una nueva interpretación del material periodístico y judicial existente.

Montealegre indicó que la denuncia no suma nuevas pruebas, sino que aporta una nueva interpretación del material periodístico y judicial existente. | Foto: Colprensa

Publicado 25 agosto 2020


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La denuncia señala que las autoridades tienen evidencias que demostrarían la omisión de Uribe en las masacres de El Aro y La Granja.

El exfical general de Colombia, Eduardo Montealegre, interpuso una denuncia donde acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente estar involucrado en la masacres de El Aro y La Granja, suscitadas en 1997 y 1996, respectivamente, en el departamento de Antioquia.

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La querella también es firmada por el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes radicaron el documento ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, situada en Bogotá, capital colombiana.

De acuerdo a la denuncia, la cual conta de 93 páginas, el expresidente Uribe Vélez habría incurrido "en los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, desplazamiento forzado agravado, los cuales estaban tipificados en la legislación vigentes en la época en que se prepetró la masacre a manos de grupos paramilitares".

Tanto el exfiscal como exvicefiscal, aseveran que las autoridades tienen la información y las evidencias suficientes que demuestran la omisión de Uribe Vélez que se desempeñaba en esos años, como gobernador de Antioquia en el momento que ocurrieron las masacres.

"A pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas para evitar las atrocidades que allí ocurrieron", enfatizó el exfiscal, Eduardo Montealegre.

Detalles de la denuncia contra Uribe

En el documento, los denunciantes aseveran que como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez incurrió en omisión de las masacres de El Aro y La Granja, por lo que debe responder ante la Justicia colombiana. 

"Cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor (en este caso), por los hechos de los paramilitares. Esta estructura de imputación le es aplicable a Álvaro Uribe Vélez”, detalla la denuncia.

Por su parte, el exvicefiscal Perdomo indicó que Uribe Vélez, además de no tomar acciones para proteger a la población ante la inminente incursión paramilitar, propició una política contra líderes sociales en Antioquia, "al exgobernador (Uribe) se le advirtió a tiempo sobre la existencia de un peligro concreto, inminente, elevadísimo contra la población de estos corregimientos, y él, conociendo esa situación, no hizo nada para evitarlo. Al contrario, se puede decir que promovió una política en contra de defensores de Derechos Humanos, de personas que estaban denunciando a esas organizaciones armadas", puntualizó.

Montealegre indicó que la denuncia no suma nuevas pruebas, sino que aporta una nueva interpretación del material periodístico y judicial que existe sobre el caso, como el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, donde condena al Estado colombiano por lo ocurrido en El Aro y La Granja.

Masacre La Granja, 1996

De acuerdo a la Fiscalía, un aproximado de 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), arribaron al corregimiento La Granja, situada en el departamento de Antioquia, el 11 de junio de 1996, donde asesinaron a cinco campesinos.

Los paramilitares acusaron a los campesinos de ser "colaboradores de la guerrilla" y los torturaron delante de toda la población. 

Pese a la condena al Estado por la masacre, solamente está condenado el mayor retirado de la Policía Nacional, José Vicente Castro, a 38 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia en 2017. 

El pasado mes de diciembre de 2019 el expolicía y condenado por la masacre, se sometió a la Justicia Especial de Paz (JEP) para confesar detalles del aberrante hecho, por lo que la instancia jurídica le otorgó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Masacre en El Aro, 1997

El hecho se presentó el 25 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), arribaron a la vereda de El Aro, situada en el municipio de Ituando, departamento de Antioquia. 

Los hombres armados asesinaron a 17 personas, robaron a la población e incineraron 42 casas de la vereda. Después de la masacre, las familias abandonaron la zona y se desplazaron a la ciudad. 

De acuerdo a la CIDH, el Ejército fue connivente con los paramilitares; pese a las denuncias de los pobladores el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, no realizó ninguna gestión para defenderlos.


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