Nueve meses después del estallido social en Chile las víctimas de la violencia policial en Chile denuncian que de 1.962 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra agentes del Estado por hechos ocurridos desde el 18 de octubre a la fecha, solo una está en etapa de acusación.

LEA TAMBIÉN 

Cifra de muertes en Chile por Covid-19 alcanza los 8.347 decesos

Según las cifras más recientes de la Fiscalía Nacional, tomadas hasta el 31 de marzo, de las 8.827 víctimas de violencia institucional, 1.362 son niños, niñas y adolescentes. Asimismo, no existen condenados por estas acciones.

Al respecto, la Fiscalía Nacional explica que “aún las investigaciones no han sido cerradas, que son causas complejas y, fundamentalmente, que durante la pandemia tuvimos que abocarnos a los delitos contra la salud pública”.

En respuesta a esta situación, la abogada especialista en Derechos Humanos Karinna Fernández asegura que “hay un error o una estrategia”. Agrega que se debe priorizar, “no puede ser que no haya fiscales especiales para delitos ocurridos durante el estallido, que es lo que indica el derecho internacional”.

Asimismo, refiere que “hoy en día tienes en la calle a los mismos policías que perpetraron los delitos, a los mismos jefes y a las mismas autoridades. El sistema penal está sobrecargado, y los policías que están investigando y haciendo oficios son los mismos que tienen que ser investigados”.

Según el vocero del INDH, Carlos Bellei, de las 1.926 acciones judiciales, existen 21 causas en las que fueron formalizados 60 carabineros, tres militares y un miembro de la Marina. De ellas, solo una está en etapa de acusación, por el delito de torturas, a punto de juicio oral.

Entre las causas de los retrasos, Bellei señala que las investigaciones internas de Carabineros, en su mayoría no han sido terminadas. Además indica que debido a los problemas estructurales del Servicio Médico Legal existe lentitud en las pericias a las víctimas.

Asimismo, refirió que los delitos son investigados por la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que no tiene presencia nacional. Esto hace que su presencia sea limitada a ciertas zonas y por tanto es menor su capacidad de conducir las investigaciones más especializadas.