La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ratificó este viernes su postura contraria a una eventual anulación de la condena por supuesta corrupción que pesa sobre el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, tras la filtración de las conversaciones del exjuez Sergio Moro que confirmaron la parcialidad del juicio.

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En un documento remitido al Supremo Tribunal Federal (STF), Dodge expresó su "negativa a la petición de anulación de la acción penal" exigida por la defensa legal de Lula, al tiempo que señaló que existe "fundada duda jurídica" en torno a las informaciones divulgadas por el medio The Intercept bajo el título de "Conversaciones secretas de la Lava Jato".

"El material publicado por la página The Intercept, al que se refiere la petición hecha por la defensa, aún no fue presentado a las autoridades públicas (…) su autenticidad aún no fue analizada y mucho menos confirmada", argumentó la fiscal.

En línea con Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, Dodge también cuestionó la forma en que se habrían obtenido los mensajes filtrados, que asegura fue accediendo de forma ilegal a los teléfonos celulares de los implicados, algo que consideró un "grave atentado contra las autoridades brasileñas constituidas".

El STF juzgará el próximo martes 25 la petición de los abogados de Lula de anulación de la condena en base a las recientes filtraciones de la Operación Lava Jato. Según fuentes cercanas al caso es probable que algunos magistrados pidan más tiempo para estudiar el recurso y que la decisión se vea aplazada.

Desde el pasado domingo 9 de junio la revista en línea The Intercept Brasil revela de manera segmentada las controvertidas conversaciones de Moro, que demuestran como el exmagistrado presionaba a fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para perjudicar la situación judicial de Lula.

Tras la divulgación de los mensajes, los letrados defensores del expresidente insistieron en que Lula fue víctima de una persecución política y judicial, y pidieron al STF su inmediata liberación.

El asunto desató un amplio debate en la opinión pública de Brasil y enfocó la atención también sobre la figura de Bolsonaro, quien ha sido objeto de críticas por el pleno respaldo que ha ofrecido al ministro Moro. Según el Gobierno, los "ataques" contra el exmagistrado son un intento por "liberar" a Lula, quien desde abril de 2018 cumple una pena de ocho años de prisión.