La compañía eléctrica más grande de América Latina, en Brasil, Eletrobras que fue privatizada en junio, anunció que aplicará un programa de renuncias voluntaria, por un costo de 1.000 millones de reales (190 millones de dólares) para 2.312 empleados.

LEA TAMBIÉN:

Lula dice que Bolsonaro pagará por errores durante la pandemia

 “Entre los incentivos que forman parte del paquete están los valores equivalentes a tres años del plan de salud y un año de alimentación, el incentivo de indemnización de nueve salarios, además de los valores referentes al despido sin justa causa”, dijo Eletrobras en comunicado al mercado.

El plan de despido voluntario será implementado simultáneamente en las empresas Eletrobras CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte y Furnas, además del propio holding. 

La privatización de Eletrobras se completó oficialmente en junio de este año, cuando la empresa se convirtió en la primera gran empresa estatal en ser vendida después de casi cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro. 

La venta de Eletrobrás causó polémica entre los partidarios que rechazaban esta medida desde un principios y se presentaron recursos judiciales para frenar el proceso, pero la justicia brasileña dio luz verde para continuar con los pasos pendientes para su ejecución. 

El proceso de privatización de Eletrobrás se metió de lleno en la campaña electoral al punto que ex mandatario y actual candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva instó a los empresarios a mantenerse lejos del proceso.

Lula escribió en su momento: “Espero que los empresarios serios que quieren invertir en el sector eléctrico brasileño no se suban a este mecanismo extraño que los vendepatrias del gobierno actual están preparando para Eletrobrás, una empresa estratégica para Brasil, meses antes de la elección”.

"Sin una Eletrobrás pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética", escribió el fundador del Partido de los Trabajadores en la red social Twitter.

El lunes pasado, en plena campaña electoral de cara al balotaje del 30 de octubre, Lula volvió a rechazar la aplicación de una política de tope de gasto si regresa a la presidencia, reafirmando que no habrá privatizaciones en su Gobierno.