El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este viernes una norma que busca eliminar el retardo de la justicia, denominada Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

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Según el Ejecutivo, el principal objetivo de esta norma es que no existan más quejas de las víctimas con respecto al retardo procesal en sus respectivos casos y así lograr un cambio en el sistema judicial del país.

"¿De qué trata este proyecto de ley sancionado en la Asamblea y ahora promulgado? Se trata de cómo la ley de abreviación procesal penal (tiene que) acabar con la retardación de justicia, esa es la responsabilidad que tenemos", enfatizó.

Promulgamos la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Tenemos profesionales capaces, nuestra responsabilidad es trabajar para transformar la justicia y acabar con la retardación. pic.twitter.com/PF7e6Kx6Qq

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 3 de mayo de 2019

El mandatario afirmó que su objetivo es lograr que la Justicia boliviana esté entre las primeras de Latinoamérica al ser refrendada por normas que se adaptan a las necesidades de la población.

"En mi experiencia algunos cambios duros son necesarios, cuesta; saludo el trabajo de ustedes, esperamos que sigan viniendo proyectos y anteproyectos para cambiar la justicia", aclaró.

Ejes temáticos

Por su parte, el ministro boliviano de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, explicó que la nueva ley cuenta con seis ejes temáticos que son relevantes para combatir el retardo procesal.

"Esta ley que la denominamos Ley de Abreviación Procesal Penal tiene seis ejes claves y fundamentales que mejorará la vida de la gente a través de la administración de la justicia", manifestó.

Los ejes temáticos consisten en:

- Establecer dispositivos para que las notificaciones, menos las que sean personal, se hagan por un sistema electrónico para la gestión de causas. 

- Limitar el uso excesivo de la detención preventiva para reducir el hacinamiento carcelario.
- La digitalización de las audiencias por audio y video. 
- Determinar las competencias de los tribunales y jueces de sentencia por la gravedad de los delitos y se relevancia social.
- Uso de herramientas tecnológicas de la Oficina Gestora de Procesos para el respaldo técnico de la actividad jurisdiccional.
- Medidas especiales de protección para niñas, niños, adolescentes y mujeres.