El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó este miércoles a las misiones de la Unión Europea (UE), que ya está en el país, del Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y la Organización de Estados Americanos (OEA).

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De estas, la OEA y la UE, con sus respectivos informes, propiciaron el golpe de Estado acontecido en Bolivia en 2019. Tal hecho culminó con la renuncia del presidente Evo Morales y la instauración de un Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, que ha luchado por inhabilitar a los simpatizantes del expresidente y su partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre el hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) confirmó las irregularidades que fueron presentadas por la OEA para cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales bolivianas.

Según el Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza: “las evidencias sólidas como declaraciones falsas y estructuras informáticas escondidas” demuestran que hubo fraude. Por ello, ante un escenario similar, el MAS había expresado su “categórico” rechazo a la eventual presencia de observadores de la ese organismo, en la jornada electoral.

En julio, el partido aseveró que “no es ético que vuelvan a participar por haber sido parte y cómplice del golpe a la democracia y al Estado Social de Derecho Constitucional del Bolivia”. Además de los observadores foráneos, se suman desde el propio país iniciativas como La Ruta de la Democracia y Observa Bolivia, que aglutinan principalmente a entidades de la sociedad civil.

El Órgano Electoral subrayó en un comunicado que estas misiones carecen de cualquier dependencia con este organismo, aunque está abierto a darles facilidades para su labor, que "debe estar enmarcada en la independencia, imparcialidad, transparencia, objetividad y no injerencia".