La ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, María José Zaldívar, y otros funcionarios gubernamentales presentaron este viernes un primer balance de las cifras que dan cuenta de los fuertes impactos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, lo que puede afectar a 786.790 trabajadores.

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Según las estadísticas, a pocos días de que la sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) habilitara la posibilidad de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, 56.986 empresas han decidido mantener la relación con sus trabajadores y optar por la suspensión de contratos, anulando la opción de los despidos. Esto implica que más de 786.790 trabajadores podrían acceder a las prestaciones del seguro de cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron un total de 2.270 solicitudes de empleados domésticos, para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la Ley y que en este caso opera con cargo a los fondos de indemnización.

Zaldívar informó acerca de 299.518 cartas de despido que fueron ingresadas en marzo, una cifra del 38 por ciento superior a igual periodo en 2019. De esta manera, entre enero y marzo de 2020, el total de cartas de despido, es 11 por ciento mayor respecto al año pasado, esgrimiendo causales relacionadas con el vencimiento del plazo del contrato y caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, la ministra resaltó que en el marco de la ley están prohibidos los despidos por esta causa, argumentando como motivo el Covid- 19.

Las grandes empresas concentran el mayor número de cartas de despido, el 57 por ciento del total, sin embargo, los mayores incrementos respecto de marzo de 2019 están en las empresas pequeñas con el 54 por ciento y las medianas con el 46 por ciento.

En la primera quincena de abril las solicitudes de seguro de cesantía superan las 81.000, lo que se evidencia en las largas filas de personas que se concentran ante las oficinas correspondientes, a pesar de los llamados de las autoridades a no salir a la calle en medio de las cuarentenas y mantener el distanciamiento físico.

Ante esta dramática situación, la ministra señaló que el objetivo de la ley es proteger los ingresos de los trabajadores. "Lo que teníamos que evitar eran las desvinculaciones de los trabajadores, porque si no hubiésemos tenido esta herramienta, la situación que podríamos estar viendo hoy día sería otra", sentenció.

Ante las críticas sobre la posibilidad de que numerosas empresas se estén acogiendo a esa legislación sin una real necesidad, Zaldívar señaló que "luego haremos todas las fiscalizaciones que correspondan para ver si la empresa se acogió indebidamente o no".

El creciente desempleo contrasta con los llamados de partidos de oposición y organizaciones sindicales para que las medidas aplicadas en medio de la pandemia se centren en proteger los empleos y remuneraciones de miles de trabajadores.