Este jueves, en Argentina, hubo manifestaciones contra las políticas económicas de Mauricio Macri, en Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos. Docentes y estudiantes marcharon por reclamos salariales, mientras que organizaciones de personas con discapacidad se manifestaron contra el recorte de presupuesto.

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realiza a un paro de 48 horas y este jueves organizó una Marcha de Antorchas en defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario, que va desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

Docentes universitarios, científicos y estudiantes realizaron una protesta en el centro de Buenos Aires para reforzar la huelga de jueves y viernes, pidiendo mejores condiciones en las paritarias, en las que se exigió un 35 por ciento de aumento ante la oferta del 15 por ciento hecho por las autoridades.

“Esto comenzó como un reclamo por una paritaria que no avanza. Pero esta cuestión está centrada también en el enorme ajuste presupuestario, que se redujo en 20% en las universidades y en más del 50% en el sector científico tecnológico”, le dijo Carlos de Feo, secretario de la Conadu.

El conflicto incluye a las 57 universidades nacionales en las que se desempeñan alrededor de 180 mil docentes investigadores. Además del aumento salarial del 35 por ciento, las exigencias de la Conadu son la recuperación del salario perdido en 2018, la actualización automática por inflación, el blanqueo de las sumas en negro, la regularización de docentes contratados y ad honorem y fondos de capacitación docente.

Por otra parte, el frente de personas con discapacidad, integrado por 10 organizaciones, entre ellas la Asociación de Ayuda al Ciego (Asac) y la Asociación de Instituciones Educativas Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), denunció que el bajo presupuesto destinado por el Gobierno argentino, de un 13 por ciento a partir de mayo, tiene un mayor impacto en las prestaciones en el contexto actual

 “Los funcionarios no tienen en cuenta los reales costos y la inflación reinante en nuestro país, poniendo a estas instituciones en una grave crisis”, indicaron. El Frente aclaró que algunas de las instituciones que dan servicios a las personas tienen “pagos atrasados de los años 2017 y 2018”. 

Así también cuestionaron la decisión de transferir a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas a los diversos servicios, "sin tiempo de preparación", lo que "provocó que muchas personas con discapacidad quedaran sin atención en educación, rehabilitación y asistencia".