Argentina condena a 16 exmilitares por crímenes de la dictadura
Entre los condenados se encuentran un exfiscal de la Justicia Federal y los integrantes del grupo de tareas del Regimiento 22 de Infantería del Ejército.
La justicia argentina condenó este viernes a penas de entre cuatro años de cárcel y cadena perpetua a 16 de los 24 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Megacausa III.
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Entre penas perpetuas, temporales y absoluciones, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) condenó a 16 represores que cometieron delitos de lesa humanidad en San Juan, durante la última dictadura militar.
Quienes recibieron la pena máxima son Jorge Antonio Olivera, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Coronel y Miguel Ángel Mejías.
Desde el Edificio Central de la UNSJ, el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora, Analía Ponce, junto a integrante de organismos de Derechos Humanos, siguieron la lectura del fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan. #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMás #SanJuan #Argentina pic.twitter.com/iwVfZPCw93
— UNSJ Oficial (@UNSJ_Oficial) July 7, 2023
Otra pena similar fue para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, por 78 hechos entre homicidios, privaciones ilegitimas, violación, abuso sexual y robo, informan medios locales.
En tanto que nueve personas fueron condenas con penas que oscilan entre los 4 y 12 años y otros ocho, absueltos.
El juicio oral y público investigó privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual.
En principio fueron 35 los imputados. Sin embargo, en el proceso penal dos quedaron descartados y otros no continuaron por fallecimiento o por enfermedades incapacitantes.
El expediente refiere a hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y seis fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como Fusilamientos.
El veredicto fue dictado por los jueces Alberto Carelli y Paula Marisi de Mendoza y Gretel Diamante, todos de San Luis, quienes reemplazaron a los magistrados sanjuaninos que quedaron apartados de la causa.
En el proceso desarrollado en la sede del TOCF de San Juan, declararon mas de 100 testigos, sobre crímenes, desapariciones, torturas, violaciones y vejaciones a casi 150 víctimas, de lo que fueron acusadas 36 personas.