Amplían denuncia por entrega de multinacional en Uruguay
La bancada del Frente Amplio alega que el Gobierno incurrió en delitos contra el patrimonio público por la concesión del Puerto de Montevideo.
El Frente Amplio de Uruguay amplió este miércoles su denuncia contra el Gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou por la entrega del puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie pues se le concede el monopolio de la terminal de contenedores durante 50 años.
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La bancada del Frente Amplio alega que el Gobierno incurre en “graves delitos contra el patrimonio público y la entrega del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la multinacional belga Katoen Natie Group (KNG)”.
Los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara fueron quienes presentaron la ampliación ante la Fiscalía de Tercer turno.
Entrega del Puerto: más pruebas en denuncia penal por el acuerdo ilegal del gobierno con Katoen Natie. La empresa decía tener derecho a ser la única operando. Sin embargo en 2001 reconocía en su plan de negocios que tenía que competir con otras. La prueba ya está en la Justicia https://t.co/Jlaoxx3U7p pic.twitter.com/9OTMyp7F3K
— Mario Bergara (@Mario_Bergara) February 9, 2022
En sus declaraciones Carrera y Bergara coincidieron en que esta concesión representa “la mayor entrega de soberanía de nuestra historia reciente”.
“Si el gobierno usa solo los argumentos de la empresa, ¿de qué lado de la mesa están los intereses de todos los uruguayos y uruguayas? ¿Por qué en el proceso de negociación no se pidió ningún informe técnico – económico?”, se interrogaron.
Bergara, por su parte, subrayó que el motivo por el cual no se pidieron informes a ninguna dependencia del Estado es porque éstos serían negativos, es un movimiento inconstitucional que perjudica los intereses de todos los uruguayos.
En manos de la Fiscalía fueron puestos documentos que dan cuenta de que el poder ejecutivo no contestó ninguno de los recursos interpuestos por lo cual se configuró la denegatoria ficta cuya consecuencia es la presunción simple de ilegitimidad del accionar del gobierno.