Los colegios electorales de Trinidad y Tobago abrieron sus puertas este lunes para la realización de los comicios parlamentarios del país caribeño, en los cuales la primera ministra  Kamla Persad Bissessar  busca su reelección. 

Un millón 41 mil 128 personas están llamadas a votar en el proceso electoral, en el cual deberán decidir entre la continuidad del Congreso Nacional Unido (UNC, socialdemócrata) o el retorno al Gobierno del Movimiento Nacional Popular (PNM, centroizquierda), con su candidato Keith Rowley.

Lea también: Lo que debes saber de las elecciones en Trinidad y Tobago

Sondeos de opinión realizados en vísperas de esta jornada, en la cual funcionan 41 distritos electorales -39 en la isla de Trinidad y dos en Tobago-, sugieren una contienda reñida debido a la cercanía en cuanto a las intenciones de voto entre ambas fuerzas políticas, refirió el enviado especial de teleSUR a esa nación, Ángel Cedeño. 

Ante este panorama, los electores indecisos continúan siendo fundamentales en la determinación de quién ganará el control del próximo Parlamento en este país, de alrededor de 1,3 millones de habitantes.

En el proceso, cuyos resultados se darán a conocer el miércoles 9 de septiembre, participan observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Para estas elecciones el Parlamento aprobó una ley de enmienda constitucional que contempla una segunda vuelta en las circunscripciones a menos que el ganador consiga el 51 por ciento de la cuota de votos en el ejercicio de sufragio inicial.

Continuidad o cambio

La actual gobernante trinitense, de origen indio y nacida el 22 de abril de 1952, sostiene que sus propósitos principales para un posible segundo mandato son reducir el crimen, promover la vivienda pública, regularizar la situación de 30 mil ocupantes ilegales de viviendas protegidas, no recortar empleos públicos y mejorar el sistema de salud.

Lea además: Elecciones parlamentarias en Trinidad y Tobago

A su vez, el aspirante del PNM, Rowley, promete que restaurará la integridad y moralidad de los asuntos públicos que, según considera, fueron destruidos por la administración de Persad Bissessar, y defiende la creación de una Autoridad Conjunta de Protección de Fronteras, la capacitación policial y la supervisión de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen, la generación de empleos y el manejo eficiente de los recursos naturales.