Tres casos de impunidad contra periodistas en América Latina
Más de 800 periodistas fueron asesinados en la última década por ejercer su labor de informar, lo que quiere decir que en promedio cada semana muere un periodista, revelan cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo más preocupante es que tan solo el 10 por ciento de estos crímenes haya concluido con una condena. La impunidad conlleva a un mayor número de asesinatos, a la autocensura de los comunicadores y a un espiral de violencia en la sociedad.
A fin de concienciar sobre el tema, la Asamblea General estableció el 2 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, para condenar todo tipo de violencia contra los profesionales de la información. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí, 2013.
1.- El peligro de ser periodista en México
México es el país con más periodistas asesinados, representa el 60 por ciento de violencia contra periodistas en la última década.
El último informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) señala a México como el tercer país del mundo con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos 25 años, solo detrás de Irak y Filipinas.
En el año 2015, se registraron 397 agresiones contra periodistas o medios de comunicación y 14 periodistas asesinados según cifras de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas-Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-Felap).
Cada 22 horas, un periodista es agredido en ese país, según el informe de la Organización Artículo 19, que promueve y defiende la libertad de expresión.
En segundo lugar se ubicó Honduras, donde hubo 10 periodistas muertos de forma violenta en 2015, seguido de Brasil con ocho, Colombia con cinco y Guatemala con tres.
Este año se han registrado hasta los momentos en América Latina, 25 periodistas asesinados, según datos de la CIAP-Felap.
2.- La comunicación en Brasil en manos de los poderosos
Los medios de comunicación en Brasil están en pocas manos, la de los poderosos. La organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los medios de comunicación de Brasil pertenecen solo a siete familias.
Folha, Estado de Sao Paulo y Globo controlan la mayoría de los canales de televisión, radio, periódicos y revistas.
En el golpe contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, los medios de comunicación desempeñaron un rol crucial para desprestigiar su gestión y retratar al partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT), como un ente burocrático y corrupto que ha gestionado la empresa estatal Petrobras de forma ineficiente.
Lincoln Secco, historiador de la Universidad de Sao Paulo, señaló a los medios de ser responsables de la situación actual de Brasil por acusar únicamente al PT y no a los partidos aliados que comparten el poder de actividades de corrupción.
“Los escándalos relacionados con el PT se muestran diariamente por televisión. Pero no se muestra ninguna crítica hacia la gestión del PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) en Sao Paulo, que también ejerce el poder", afirma Secco.
3.- teleSUR fuera del aire en Argentina
El pasado 4 de marzo, la señal del canal multiestatal teleSUR fue retirada del paquete básico que ofrece Cablevisión en Argentina, sin argumentos legales y privando a millones de argentinos de disfrutar de 24 horas de información continua.
La decisión del Gobierno argentino quitó a teleSUR de la transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA).
Las medidas fueron rechazadas por las organizaciones sociales y políticas quienes consideran que estas acciones reflejan la censura y carencia de pluralidad de voces en el país.
Mauricio Macri también intervino a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Afstic), entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país suramericano, atentando contra la Ley de Medios de Argentina impulsada por la expresidenta Cristina Fernández.
La medida afecta la democratización del sistema de medios audiovisuales que se encontraba bajo control de los grandes conglomerados mediáticos en especial del Grupo Clarín.