Desde hace ocho meses, cuando el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), unos cinco insurgentes de ese movimiento han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación. 

El documento llamado "Cómo va la paz" precisa además que unos 15 familiares de integrantes de las FARC-EP también han sido asesinados en el país. 

El informe detalla que los crímenes han sido selectivos y ocurrieron incluso en vísperas de la dejación total de armas pactada entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que se completó hace pocas semanas. 

La Fundación Paz y Reconciliación registró estos asesinatos en municipios de los departamentos de Caquetá, Cauca y Nariño.

En el departamento del Cauca fueron asesinados Rigoberto Quezada y Éider Quitumbo Taquinás; en Nariño, José Huber Yatacué y Luis Alberto Ortiz Cabezas, mientras que la quinta víctima, identificada como Rusbel Santana, se registró en Puerto Rico, Caqueta.

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Denuncian que las zonas abandonadas por el grupo insurgente están siendo ocupadas por grupos armados ilegales, lo que pone en riesgo la seguridad en las comunidades en estos espacios. Aseguran que estos territorios debían ser tomados por la institucionalidad, "sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales". 

"Con respecto a los presuntos responsables de los hechos violentos se tiene conocimiento únicamente de dos de los cinco casos en los que se señala a Hernán Pai Pascal, alias Renol, de atentar contra la vida de Luis Alberto Ortiz Cabezas quince días después de haber recobrado la libertad tras salir de la cárcel de Vista Hermosa en Cali", dice el documento.

Menciona además que "otro presunto implicado en estos sucesos es Jhon Ramírez, quien asesinó al otrora jefe de milicias, José Huber Yatacué. Es de resaltar que tanto Ortiz Cabezas como Huber Yatacué habían sido milicianos y no eran propiamente unidades combatientes de esa guerrilla y sus operaciones predominaban en la zona urbana".

La fundación destacó que el proceso de dejación de armas individuales fue “un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”.

"Los quince asesinatos reseñados previamente, sumados a las decenas de asesinatos registrados a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, dejan de presente la debilidad para prestar garantías de seguridad a las personas que se encuentran en tránsito a la vida civil y sin armas como consecuencia de la puesta en marcha de los Acuerdos de paz", advierte la Fundación Paz y Reconciliación.