La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó este viernes su "integral disconformidad" con la detención y traslado arbitrario e ilegal del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para declarar ante la policía por el caso de Petrobras.

Indicó que el Partido de los Trabajadores (PT) nunca se había negado a proporcionar información para la operación 'Lava Jato'.

"Manifiesto mi integral disconformidad con el hecho de que un expresidente de la República que, por varias veces, compareció voluntariamente para prestar declaración ante las autoridades competentes, sea ahora sometido a una innecesaria conducción coercitiva para prestar declaración", señaló la mandataria en un texto firmado por ella y que fue distribuido a la prensa.

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Rousseff calificó como "desproporcionada" la actuación de la Policía Federal al momento de su detención arbitraria.

"El cumplimiento de la Constitución es la única manera segura para el buen desempeño de las funciones públicas y el respeto de los derechos individuales. En mi gobierno, garantizar la autonomía de los organismos responsables de la investigación de los actos de malversación y la corrupción, pero siempre exigido el respeto a la ley y los derechos de todos los investigados", señala el comunicado.

Apuntó que el respeto a los derechos individuales en las investigaciones, contempla la implementación de medidas proporcionales a sus fines, y no deben ser “más severas de lo necesario."

Criticó los prejuicios existentes "antes del ejercicio de la defensa", los que no "contribuyen a la búsqueda de la verdad", sino que sirven para avivar la intolerancia y la retórica anti-democrática.

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Asimismo, la mandataria ofreció este viernes declaraciones en un medio local, mediante la cual manifestó su solidaridad con su predecesor en la presidencia.

Durante su intervención manifestó su inconformidad e indignación por la supuesta acusación que habría realizado el senador Delcídio Amaral, exjefe de la bancada oficialista en la Cámara Alta, en la que la compromete junto a Da Silva con el esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.

Entretanto, también recordó que en el 2014 presentó información detallada a la Procuraduria sobre el caso, que fueron ampliamente publicadas por los medios.

Rousseff denunció que el único objetivo de esta acusación es afectar su Gobierno, por “el deseo mesquino de venganza y retaliación de quien no pudo defenderse por sus actos de corrupción”.

En contexto

La detención del expresidente brasileño se llevó a cabo como parte de las investigaciones dirigidas por el juez federal Sergio Moro por el caso de sobornos de grandes constructoras hacia directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera estatal.

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del PT en este caso para solicitar su destitución.

Activistas, intelectuales y políticos denuncian que se trata de un "golpe de Estado", "espectáculo mediático" y "operación política" contra el expresidente brasileño.