La procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, avaló este miércoles las sentencias judiciales que frenan los aumentos en la tarifa de gas y luz. Sus razones están basadas en la ley puesto que estos absurdos incrementos fueron estipulados sin realizar una audiencia pública previa tal cual como lo establecen los estatutos del país.

Gils Carbó consideró que omitir ese paso, restringe los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.

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Es así como la Procuraduría de la Nación frena las pretensiones del Gobierno de Mauricio Macri y le recomienda a la Corte Suprema rechazar el planteamiento del Ejecutivo que justifica estos tarifazos sin consulta como una medida aplicada en el marco de las leyes de emergencia la cual solo obliga a efectuar audiencias solo para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

La decisión de Gils Carbó enciende aún más la polémica sobre los drásticos aumentos que han suscitado fuertes protestas populares y del arco político opositor.

La funcionaria advierte que el tarifazo impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales por lo que deja de lado el carácter transitorio.

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El máximo tribunal deberá -ahora sobre la base del dictamen de la Procuradora General- expedirse sobre los tarifazos. Sin embargo, el Gobierno no se ha quedado tranquilo y aplica medidas para evitar que eso ocurra.

Miembros del Gabinete vienen amenazando de posibles consecuencias negativas, como que aumentarán más los precios, los impuestos e incluso el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, llegó a decir que si no hay tarifazo, entonces no habrá fondos para obras públicas en lo que resta del año.