Defensores de los derechos humanos en Madrid, capital española, pidieron este miércoles que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista (1936-1975), después de que el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pablo de Greiff, lamentase la falta en el país de "una política de Estado en materia de verdad".

De Greiff presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, el informe de la visita que efectuó del 21 de enero y al 3 de febrero a España. En el texto indica que "no existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad".

El relator de la ONU subrayó que la Ley de Amnistía, aprobada en 1977, niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación. Por este motivo, diversas organizaciones de derechos humanos pidieron a la justicia española, en un comunicado conjunto, "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones".

También exigen la colaboración con procedimiento judiciales en el exterior, en referencia a la querella instruida desde 2010 por la jueza argentina, María Servini de Cubría, sobre la desaparición de 114 mil personas y el robo de unos 30 mil niños.

La fundación internacional del jurista Baltasar Garzón apremió "al Estado español a que considere el informe crítico de la ONU" creando una Comisión de la Verdad "capaz de investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975)".