El gobierno nacional de Perú a través del Ministerio del Interior llamó al diálogo para resolver la situación que se vive en la provincia sureña de Islay, por las protestas contra el proyecto minero Tía María. 

Los pobladores de la zona han realizado protestas desde el pasado 23 de marzo contra el proyecto cuprífero de la mexicana Southern Copper, por mil 400 millones de dólares, aseguran que contaminará la agricultura y el agua en la región. 

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Por su parte el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó que "La Policía ni las Fuerzas Armadas van a solucionar el problema. La solución viene a través del diálogo. Invocamos a los verdaderos líderes a que podamos dialogar y que solucionemos el problema".

El presidente peruano, Ollanta Humala, autorizó este sábado el envío de militares a Islay, luego de la muerte de un agente en enfrentamientos con los manifestantes, intentarán controlar la situación.

El titular de la cartera de interior asegura que los efectivos de las fuerzas armadas fueron enviados a Islay "para ‘resguardar’ los servicios estratégicos" y que esta medida regirá por los próximos 30 días.

No se han restringido los derechos de los ciudadanos y que los militares no estarán patrullando en zonas urbanas ni participarán en las operaciones para controlar a los manifestantes, función que seguirá a cargo de la policía

En contexto

Las protestas contra el proyecto para la explotación de cobre en Islay son encabezadas por los agricultores locales quienes insisten que Tía María contaminará y destruirá los campos de cultivo, las protestas contra el proyecto minero han sumado víctimas fatales, además 2 mil 800 niños han perdido clases y se han arruinado más de 6 mil hectáreas de arroz. 

Las autoridades peruanas insisten en que solo se abrirán al diálogo con quienes se oponen al proyecto si cesan las actividades de protesta que desarrollan hace más de 40 días. La Defensoría del Pueblo de Perú exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a garantizar la vida e integridad física y emocional de las personas relacionadas con las actividades de protesta que han llegado a la violencia. 

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