La firma estadounidense de abogados Cunningham Levy Muse LLP publicó esta semana un informe en el cual se vincula a las autoridades francesas con el asesinato sistemático de más de un millón tutsis y hutus moderados durante 100 días de 1994 en Ruanda.

Los funcionarios involucrados habrían participado durante el gobierno de François Mitterrand, en la distribución de armamento de guerra y en la formación técnica de las fuerzas ruandesas, lo cual habría contribuido con el exterminio de la minoría tutsi. 

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"Los oficiales franceses eran conscientes y ayudaron a las acciones y objetivos del Gobierno de Juvénal Habyarimana y de los genocidas que se hicieron con el poder en el inicio del genocidio contra los tutsi", reseña el informe. 

Las investigaciones respecto al asunto del genocidio se han visto truncadas porque Francia posee gran parte del material documental de la época como archivos clasificados.  

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Esto se suma a la tensión que han tenido los dos países en materia diplomática durante los últimos años, producto de las acusaciones de complicidad contra el gobierno francés y a la negativa de estos a darle acceso al gobierno de Ruanda a los documentos que guardan en sus archivos clasificados. 

La ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, señaló que en 2016 solicitaron a la Gobierno de Francia permiso para interrogar a 22 oficiales franceses que tuvieron presencia en el país africano en 1994, a lo cual nunca respondió. 

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De igual manera se ha señalado que cientos de ruandeses involucrados que han escapado de la justicia y permanecen en Francia, apenas unos pocos habrían sido enjuiciados. 

El gobierno francés ha sido acusado de interferir en las investigaciones, por lo cual aún no se le ha dado la justicia correspondiente a las victimas del genocidio.