La articulación de movimientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) exigió este martes al Gobierno de Mauricio Macri la liberación de la activista Milagro Sala, presa desde el pasado 16 de enero.

Por medio de un comunicado, los movimientos del ALBA-TCP realizaron una declaración internacional en la que manifestaron que la líder de la organización barrial Tupac Amaru y representante elegida por voto popular al Parlasur es una presa política del Gobierno de Macri.

"Ante esta situación, un conjunto de articulaciones y referentes levantamos nuestra voz para exigir la libertad inmediata a Milagro Sala y el cese de la persecución a las organizaciones populares", resalta la misiva.

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El texto expone que el gobierno de Macri utiliza el lenguaje de la dictadura, amplía el poder de las Fuerzas Armadas y teje convenios de injerencia con el Pentágono de EE.UU. Estas acciones suceden mientras  se desarticulan las investigaciones sobre los responsables y beneficiarios civiles de la represión del Plan Cóndor, coordinado por la CIA.

"Ni a Macri ni a De la Rúa (expresidente argentino) se los acosa mediática y judicialmente, pero si se trata de una mujer que lucha y organiza movimiento popular, entonces sobre ella cae todo el peso de esta justicia clasista, como dice el Martín Fierro: 'La ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico / no la tema el hombre rico / no la tema el que mande / pues la rompe el bicho grande / y sólo enrieda a los chicos'", señala el texto.

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Entre los grupos, movimientos y lideres firmantes en esta exigencia internacional se encuentran: Piedad Córdoba (Colombia), Manuel Zelaya (Honduras), Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (Puerto Rico), Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales – FRENADESO (Panamá), Movimiento de Pobladoras y Pobladores (Venezuela), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC, entre otros.

En contexto

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del año en curso en su residencia ubicada en la capital de la provincia de Jujuy, tras un allanamiento.

Sala fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de ser imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".

Su detención ocurrió luego de que instalara un campamento frente a la Gobernación de Jujuy para rechazar el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri.

A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de Sala es sinónimo de criminalización a la protesta.