El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzará el lunes en Río de Janeiro la campaña "Defender las empresas públicas es defender Brasil", en la sede de la Fundación progreso. 

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció el 24 de mayo que buscaría la aprobación de una enmienda constitucional para recortar la inversión pública, entre un conjunto de medidas destinadas a "recuperar" la economía del país para "atacar" la inflación. 

Dos días después, la mandataria Dilma Rousseff, quien se encuentra separada de su cargo mientras enfrenta un juicio político promovido como parte del golpe de Estado en su contra, aseguró que Temer buscaría privatizar el petróleo para destinarlo a unos pocos grupos económicos.

Asimismo, Rousseff denunció que Temer intentará acabar con el modelo implantado en los últimos años que se encargaba de reservar parte de las regalías generadas por la extracción del petróleo a iniciativas en el área de educación.

En contexto

El Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff el 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).

En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado. La votación final del impeachment en el plenario del Senado sería para el 2 de agosto.

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.