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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien se encuentra separada de su cargo mientras se enfrenta al juicio político promovido como parte del golpe de Estado en su contra, aseguró que el mandatario interino Michel Temer buscará privatizar el petróleo para destinarlo a unos pocos grupos económicos.
Rousseff sostuvo que están queriendo acabar con el modelo implantado en los últimos años que se encargaba de reservar parte de las regalías generadas por la extracción del petróleo a iniciativas en el área de educación y que además obliga a la estatal Petrobras a participar en todos los proyectos de explotación.
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Brasil cuenta con gigantescas reservas de crudo en aguas profundas del Atlántico y Temer se encargará de abrir la posibilidad de explotar estos recursos con empresas privadas."Eso no sería otra cosa que privatizar el Presal", advirtió la presidenta acusada sin pruebas de haber cometido delito de responsabilidad.
Esta semana Temer lanzó un paquete de medidas para recortar la inversión pública y aumentar la participación privada en inversión petrolera. "Convengamos que Petrobras es una empresa que tiene que pautarse por los criterios de su interés y como si fuera casi un emprendimiento privado", fueron las palabras de Temer durante su anuncio de las nuevas medidas políticas y económicas.
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En contexto
El pasado lunes salió a la luz una conversación grabada entre el expresidente de Transpetro y el ministro de Planificación, Romero Jucá, en la que sugieren un pacto para detener las investigaciones del caso Petrobras, por el que también es indagado. Jucá se vio obligado a renunciar al cargo después de la filtración.
El miércoles fue revelado otro audio por el diario Folha de Sao Paulo en el que se escucha al presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, asegurando estar a favor de modificar la ley que regula las llamadas "delaciones premiadas" de presos y que contemplan una reducción de la pena.
La grabación abrió un frente de crisis al Gobierno interino de Michel Temer, quien asumió las riendas de Brasil el pasado 12 de mayo después de que el Congreso decidiera suspender por un máximo de 180 días a la mandataria Dilma Rousseff de su cargo para iniciar un juicio político con miras a su destitución.
La justificación de la derecha para aplicar un juicio político contra Dilma Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han demostrado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
